Inactiva desde que Cristina Kirchner dejó la Casa Rosada en 2015, y tras la decisión del gobierno macrista de rescindirle los últimos 24 contratos viales que le quedaban,
title=”austral-construcciones”>Austral Construcciones ya no pudo presentarse a nuevas licitaciones y las investigaciones judiciales la dejaron sin margen operativo: En julio de 2018, y ante el reclamo de una veintena de acreedores, la jueza Gigy Traynor decretó la quiebra de la firma insignia de Lázaro Báez. Cerca de concluir el proceso, dos años más tarde, el empresario K sostuvo que todo respondió a una “persecución política”. Pero la Sindicatura lo responsabilizó a él y a su hijo Martín Báez, de vaciar la empresa y conducirla a la quiebra.
A través de sus abogados en el fuero Civil y Comercial, Lázaro Báez resiste a que se liquiden los activos de la compañía que activó en mayo de 2003, doce días antes de que Néstor Kirchner asuma como presidente de la Nación. Con una serie de escritos, pidió que se suspendan los últimos pasos que se darán en el marco de la quiebra, esto es, la liquidación final de sus activos y el correspondiente pago a los acreedores.
Para que esto ocurra, la justicia debe pedirle a los acreedores que se pronuncien a favor o no de dicho procedimiento. La provincia de Santa Cruz, gobernada por Alicia Kirchner, se opuso -por ejemplo-, según explicó la Sindicatura. Fue en aquel Distrito que la constructora recibió 51 contratos viales por 46.000 millones de pesos, que son objeto de una causa en el fuero penal, donde se acusó a Cristina Kirchner de direccionar las licitaciones a favor del Grupo Austral. El agravante es que, según la auditoría de Vialidad, la mitad de las rutas no se terminaron y se cobraron con sobreprecios promedio del 65%.
Muchos otros acreedores se pronunciaron a favor de avanzar con la quiebra, como el caso de Nación Seguros, pero hubo otro conjunto de damnificados que optaron por no responder. Entonces, según la jurisprudencia citada por la jueza Traynor, en las quiebras se entiende al silencio como una postura favorable respecto al avance del proceso.
El pasivo reconocido en la quiebra es de 962.400.463 pesos.
Pero el empresario K, que cumple arresto domiciliario acusado por lavado de dinero, rechazó tal explicación y pidió que no se continúe con la liquidación de los activos de su firma insignia.
Lázaro insiste en que la debacle de Austral Construcciones responde a una “persecución política”, pero la Sindicatura de la quiebra le contestó con un duro escrito. En el informe, al que tuvo acceso Clarín, indicó que según los balances analizados “la evolución en la cuenta personal de los socios (Lázaro y Martín Báez) muestran años tras año que siempre existió una deuda de los socios con el ente”.
La Sindicatura sostuvo -una vez más- que hay una demanda “por los daños ocasionados por el retiro de fondos sin fundamento legal, por parte de los socios“. Es decir que ambos socios están bajo la lupa “por retiros indebidos de fondos” de la empresa.
Este comportamiento, respaldado con documentación aportada por el propio empresario K, “no hace más que contradecir el argumento respecto a la persecución política y que utilizan como primera defensa”, señaló la Sindicatura de la quiebra, que analizó un informe de la Dirección Nacional de Vialidad donde se remarca que la empresa “tuvo trato preferencial en la adjudicación y cobro de obra pública”, recibiendo entre 800 a 900 millones de pesos por año en obras que contaban con marcados retrasos.
“Por dar un ejemplo, sobre solo dos años se pagó aproximadamente el doble, en un tercio de tiempo comparativo con el resto de las obras”, refirieron los síndicos. La explicación se circunscribe a los años 2012 y 2014, cuando se pagaron a Austral 801 y 926 millones de pesos respectivamente.
El dueño del Grupo Austral adjuntó una nota donde muestra que Vialidad Nacional le informa que se le agotaron los recursos presupuestarios para pagar obras, para reforzar su idea de la persecución política durante la gestión de Mauricio Macri y que todo ello devino en la quiebra de la firma.
La Sindicatura fue contundente al señalar que es todo lo contrario. “Ante esas noticias, los socios y accionistas en tal caso deberían haber preservado los fondos y el capital de trabajo necesario a la empresa y no proceder al revés, es decir, quitar constantemente año tras año recursos a la empresa que terminó en quiebra, como muestra de la evolución de la cuenta particular de los socios”.
El paquete accionario de Austral Construcciones se distribuye en un 95% a nombre de Lázaro Báez y el 5% a nombre de su hijo Martín.
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