Darío Nieto, secretario privado de Mauricio Macri, negó vínculos con el espionaje ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a 24 dirigentes políticos, periodistas y gremialistas en la gestión de Gustavo
Arribas y Silvia Majdalani. Minutos antes de que comenzara la indagatoria, el juez Juan Pablo Augé le concedió la exención de prisión.
En la indagatoria, que se realizó este martes vía Zoom, el secretario de Macri calificó de “falaz” la imputación, presentó un escrito y habló durante poco más de media hora ante el juez Augé y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.
Allí planteó que no conocía a ningún espía de los que están imputados en la causa judicial y negó que haya recibido información de inteligencia de Susana Martinengo, la excoordinadora de Documentación Presidencial. También negó que se haya “encerrado en el auto” a borrar mensajes, como sostuvieron los fiscales.
Nieto contó cuál era su rol como secretario del expresidente Macri, qué áreas dependían de él y qué tareas realizaba en Casa Rosada.
Además cuestionó la “falaz construcción fáctico jurídica efectuada por los fiscales (recusados) en mi contra”, dijo Nieto, quien se negó a responder preguntas, porque recusó al juez y a los fiscales, ya que sostuvo que la causa no debería tramitarse en Lomas de Zamora, porque “carece de competencia territorial”. Y se negó a hablar sobre los datos de su teléfono celular, porque impugnó las pericias realizadas, por “violación a la cadena de custodia del celular”.
En el pedido de indagatoria, los fiscales le imputaron a Nieto haber sido “jefe de Martinengo. Recibió de la nombrada al menos los informes vinculados a la comunidad Mapuche y a las manifestaciones vinculadas con el proyecto de ley de movilidad jubilatoria, convirtiéndose así en un canal subsidiario de la transmisión de la información producida en violación a la Ley de Inteligencia por los imputados (exespías de la AFI) Sáez y Araque, principalmente”, sostuvieron los fiscales Incardona y Eyherabide.
Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, ex titular y número dos de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri.
Más allá de las impugnaciones judiciales, fuentes cercanas a Nieto señalaron las diferencias entre el material que habría en los celulares del secretario privado y de la excoordinadora presidencial. “A Nieto le endilgan dos mensajes que supuestamente estaban en su block de notas, que eran para ver cómo se podía responder políticamente en la Comisión Bicameral del Congreso ante el avance de la causa”, dijeron a Clarín fuentes vinculadas al secretario de Macri. Y agregaron: “En cambio, a Martinengo le encontraron diálogos de Whatsapp con los espías, sobre espionaje ilegal, y encuentros con ellos en Casa Rosada. Eso de Martinengo hay que investigarlo”, señalaron las fuentes vinculadas a Nieto.
De este modo, el núcleo más cercano al expresidente diferenció el rol que tuvo Nieto, “que no tuvo nada que ver con el espionaje ilegal”, según ellos; del que cumplió la excoordinadora de Documentación Presidencial, “vinculada” con los exespías Leandro Araque y Jorge Sáez, “que hacían cuentapropismo e incluso querían sacarle plata” a algunos políticos espiados en forma ilegal, dijeron fuentes vinculadas a Macri.
Por ejemplo, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, fue uno de los dirigentes extorsionados por exagentes de la AFI, en el marco de estos hechos de espionaje ilegal que investiga la Justicia de Lomas de Zamora.
“El espionaje a políticos y periodistas existió, eso está claro”, coinciden las fuentes consultadas por Clarín, que tienen acceso al expediente judicial. “Lo que hay que resolver es si se investiga en Lomas de Zamora o en Comodoro Py, así como si esto fue algo organizado desde la conducción de la AFI o fueron cuentapropistas del espionaje ilegal”, dijo un dirigente de Juntos por el Cambio.
Está previsto que mañana declare Majdalani y el jueves Arribas, concluyendo la ronda de indagatorias. Luego el juez Augé tendría 10 días para resolver la situación procesal de los 24 imputados en esta causa judicial.
Según los fiscales Incardona y Eyherabide, los imputados en esta causa “conformaron una asociación ilícita que funcionó y se desarrolló dentro de varios organismos del Estado Nacional y que tuvo múltiples finalidades ilícitas, principalmente la de desplegar operativos de espionaje ilegal”.
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