La ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, anunciaron que el Poder Ejecutivo no participará de la Comisión Interpoderes que analiza el avance de las causas de lesa humanidad que fuera convocada por la Corte Suprema, en una carta dirigida al titular del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz.
“La repentina convocatoria a una nueva reunión por parte de la presidencia de la Corte (ejercida por Rosenkrantz), tras varios meses de insistencia de los organismos de derechos humanos, que son los verdaderos faros en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, no deja de resultar oportunista”, sostiene en unos de sus párrafos más salientes la misiva difundida esta noche y que lleva la firma de ambos funcionarios.
“Nos dirigimos a usted respetuosamente para declinar su invitación a la próxima reunión de la Comisión para la Coordinación y Agilización de las Causas por Delitos de Lesa Humanidad (‘Comisión Interpoderes’)”, se informó en el principio del texto.
En ese sentido, reafirmaron que a criterio de los representantes del Poder Ejecutivo Nacional “no están dadas las condiciones para que este imprescindible espacio de articulación entre todas las agencias del Estado involucradas en el avance de los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país pueda funcionar de modo adecuado”.
Desde que se reunió por primera vez en julio de 2010, y mientras mantuvo reuniones periódicas, al menos hasta 2013, la Secretaría de Derechos Humanos, el Programa Verdad y Justicia y el Ministerio de Justicia “colaboraron activamente para articular las medidas que estuvieran a disposición del Poder Ejecutivo que permitieran agilizar la marcha de estos juicios”, se puso de relieve en el texto.
“Sin embargo, a partir de la última reunión realizada (23 de septiembre de 2016) el desempeño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en esta materia ha sido de enorme retroceso”, evaluaron.
En ese sentido, se agregó que “es indiscutible que las causas que se sustancian para juzgar los crímenes de lesa humanidad atraviesan un período de notorio estancamiento”, en medio de una situación que “se ve agravada por el contexto de la pandemia”.
“Es sabido que el letargo en el que se encuentran sumergidas estas causas, muchas de ellas pendientes de un fallo de la Corte Suprema hace varios años, implica necesariamente la consolidación de la ‘impunidad biológica’, por la cual los responsables de estos aberrantes delitos mueren sin condena; y las víctimas y familiares también fallecen sin alcanzar la justicia que el Estado les debe garantizar como forma de reparación”, se enfatizó.
Por eso los funcionarios reclamaron por parte de la Corte “una verdadera política de Estado” que no se puede basar “en convocatorias oportunistas; sino en un desempeño coherente”, que incluya por parte del Alto Tribunal “medidas institucionales sostenibles y fallos rápidos y respetuosos de los compromisos internacionales de derechos humanos”.
“El proceso de memoria, verdad y justicia necesita una Corte Suprema realmente comprometida; que, por ejemplo, resuelva cuanto antes las decenas de causas emblemáticas por crímenes de lesa humanidad que se encuentran a su estudio hace ya varios años, como la de la “Masacre de Trelew”; la de la “Masacre de Capilla del Rosario”; o la de “Feced II”. A pesar de los reiterados pedidos de pronto despacho, el tribunal tampoco ha dictado sentencia en la causa conocida como “La Noche del Apagón”, en la que debe determinar la situación procesal de Carlos Pedro Tadeo Blaquier (de más de 90 años) y Alberto Enrique Lemos, ambos directivos de la empresa Ledesma”, subrayaron en la carta.
Desde el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos en la referida misiva se reitera el “absoluto compromiso” del Gobierno nacional para “seguir trabajando de manera mancomunada, junto al Poder Judicial, al Ministerio Público Fiscal, al Ministerio Público de la Defensa, al Consejo de la Magistratura, y junto a los organismos de derechos humanos, para cumplir con el deber inexcusable que recae en el Estado en su conjunto”.
“Una verdadera política de Estado en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad requiere el compromiso de todas y todos”, puntualizan Losardo y Pietragalla Corti.
