El Gobierno rechazó la posibilidad de discutir cambios en el sistema de coparticipación federal

que instaló el coronavirus y que se encuentre una salida para el drama que arrastra la economía argentina.

Así lo remarcó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en el informe que presentó días atrás en el Senado de la Nación. “El actual marco de incertidumbre producto de la emergencia sanitaria, económica y social posterga obligadamente la discusión”, dijo. 

Cafiero se pronunció ante una pregunta que le elevó el senador pampeano Carlos Marino, de la Unión Cívica Radical (UCR). “¿Se considera abrir una instancia que permita recomponer el piso establecido por la ley de Coparticipación Federal de Impuestos?“, indagó el referente radical, según consta en el escrito que la Casa Rosada presentó en la Cámara alta.

El planteo de Marino no es casual: el sistema vigente de la coparticipación es el que se estableció de manera provisoria en 1988 y que luego fue adaptado con cambios circunstanciales.

Además, la mayoría de los gobernadores se entusiasmó con la posibilidad de reabrir la discusión tras las gestiones que concretó la Casa Rosada para quitarle fondos a la Capital Federal.

“Necesitamos reabrir el diálogo sobre la distribución de recursos para evitar cualquier tipo de favoritismo en distribución de fondos o proyectos”, reclamaron los 19 mandatarios oficialistas en la carta que firmaron para respaldar la avanzada del presidente Alberto Fernández contra la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

Aquel pedido cayó en un saco roto, tal como lo confirmó recientemente el jefe de ministros. Es que además de las dificultades sociales, sanitarias y económicas, el debate para reformar el esquema de coparticipación es más complejo que el que se requiere para cambiar la Constitución Nacional, tal como lo reconoció Silvina Batakis, la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior. 

“A veces uno cree que es mucho más fácil reformar la Constitución que el régimen de coparticipación”, planteó la ladera del ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, el encargado de las conversaciones con los gobernadores.

En principio, los cambios demandan el aval de todos los gobernadores, del Congreso de la Nación y de las legislaturas provinciales. Tal vez por eso sigue sin cumplirse lo que se estableció con la reforma constitucional de 1994, cuando se impuso un plazo de dos años para diseñar un régimen definitivo.  

Aunque postergaron las discusiones, en el gobierno de Fernández reconocen que “el actual régimen de coparticipación federal presenta graves deficiencias en términos del reparto de los recursos tributarios”.

Tal como lo expuso Cafiero en el Senado, “existen regiones de muy bajo ingreso relativo, con gran aporte a la recaudación federal y a la estructura productiva nacional, pero con una marcada subrepresentación en la distribución de lo producido por los impuestos en cuestión”.

“Si bien son muchas las regiones de nuestro país que reciben menos recursos de los que deberían recibir bajo cualquier punto de vista, sobresalen la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como los dos ejemplos antagónicos donde la injusticia en el reparto de tributos federales se hace más visible”, completó.

El refuerzo de los fondos para las provincias

En el informe que presentó en el Senado, Cafiero también reconoció que el impacto en la economía de la crisis del coronavirus afectó los ingresos de las provincias. 

“Las provincias vieron afectados negativamente sus ingresos, por un lado, por la caída en la recaudación nacional que impactó en los ingresos que recibieron a través de la coparticipación (RON) y adicionalmente, por la reducción de los ingresos provenientes de los impuestos provinciales”, detalló.

Por ello, destacó que el gobierno nacional puso en marcha una serie de medidas de asistencia adicionales para cubrir las necesidades de las distintas jurisdicciones.

“En este sentido, en los primeros ocho meses del año, el Gobierno nacional ha realizado transferencias presupuestarias por un total de $244.383 millones con el fin de aliviar parcialmente la pérdida de recursos tributarios sufridos por los gobiernos subnacionales, lo que representa un incremento de 142% respecto a igual período del 2019”, indicó. 

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