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Legisladores porteños visitaron esta semana el lugar donde funcionó el Centro Clandestino de Detención Ilegal, Tortura y Exterminio (CCDTyE) “Club Atlético” tras el reclamo para que la empresa estatal Autopistas Urbanas (AUSA) retome el plan de obras suspendido por la pandemia, ante el riesgo al que están expuestos los restos arqueológicos que permanecen enterrados y que pueden ser prueba material del secuestro de unas 1500 personas durante 1977.
La recorrida estuvo encabezada por la legisladora y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento porteño, Victoria Montenegro, y participaron los diputados de Vamos Juntos Ana María Bou Pérez, Matías López y María Sol Méndez, quienes conversaron con un grupo de la Comisión de Trabajo y Consenso del centro “Club Atlético”, integrada por sobrevivientes y familiares de desaparecidos.
Según manifestaron durante el encuentro, que se realizó el lunes pasado, la empresa AUSA firmó en 2016 y 2018 dos convenios con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación mediante los cuales se estableció el retiro del talud de tierra que está sobre el terreno de Paseo Colón al 1200, en San Telmo y debajo de la autopista 25 de Mayo, y la construcción de un edificio en uno de los laterales del predio para que sea un espacio de memoria.
“La obra para retirar el talud está frenada por la pandemia y nos dijeron que no hay fondos para continuar”, manifestaron desde la Comisión a los legisladores, que pudieron observar las maquinarias de la empresa que permanecen en la parte posterior del polígono sin uso desde abril.
A diferencia de otros centros de tortura que funcionaron durante la última dictadura cívico-militar entre 1976 y 1983 en la Ciudad de Buenos Aires, “Club Atlético” tiene la particularidad que sus instalaciones quedaron intactas, pero bajo tierra.
Estuvo desde febrero a diciembre de 1977 en el sótano del edificio del Servicio de Aprovisionamiento y Talleres de la División Administrativa de la Policía Federal.
En 1978, el edificio fue demolido para la construcción de la autopista 25 de Mayo y el subsuelo fue rellenado con tierra, lo que dificultó el reconocimiento de ese lugar como centro clandestino de detención ya que quedó invisibilizado con la obra vial.
Sin embargo, fueron algunos de los detenidos-desaparecidos que tras su liberación lograron identificar su lugar de cautiverio.
El inconveniente al que se enfrentaron las organizaciones de derechos humanos entonces fue que todas las instalaciones -como las celdas, los baños y las salas de tortura- estaban ocultos, por lo cual reclamaron la excavación del sitio para dar con los restos de lo que fue “Club Atlético”.
En abril de 2002, comenzaron los trabajos de arqueología en un sector del sótano, donde se encontraron cerca de 1000 objetos que fueron prueba material del testimonio de las víctimas.
Allí, hallaron ropa de los detenidos que se les retiraba cuando ingresaban y hasta una pelota de ping pong que era usada por los represores como entretenimiento, lo que confirmó el relato de los sobrevivientes que recordaban en sus testimonios el característico ruido de ese juego.
“La excavación que se hizo representa el 10 por ciento del total del predio, recuperamos un sector de dos celdas, la enfermería y el ascensor; pero nos faltan aún unos 52 metros de largo y para eso necesitamos que AUSA retire el talud al nivel cero para facilitar las tareas arqueológicas”, explicó a Télam Laura Duguine, de la comisión.
Además, dijo que está pendiente también la ejecución del acuerdo con la empresa estatal para levantar en una de las esquinas del predio un “Centro de Interpretación” que funcione como un espacio para la memoria, el cual deberá tener unos 1100 metros cuadrados.
Desde la Comisión, enumeraron las diversas “amenazas” que sufre el sitio histórico, como las filtraciones de agua que caen desde la autopista, las vibraciones sonoras constantes como consecuencia del paso permanente de camiones que superan la barrera de los 80 decibeles y las 37 columnas que se despliegan a lo largo de los terrenos que sirven de apoyo tanto de la 25 de Mayo como del Paseo del Bajo.
Luego de la reunión, la diputada Montenegro respaldó el reclamo de la Comisión y llamó a sus colegas del bloque del oficialismo porteño a “visibilizar” la situación que atraviesa “Club Atlético”.
“Podemos ser parte activa de la política de derechos humanos en la Ciudad porque sino se corre el riesgo de perder una parte del espacio a recuperar”, aseguró.
En tanto, desde AUSA informaron a Télam que “en el marco de la pandemia del Covid-19 y en línea con la emergencia sanitaria declarada en la Ciudad de Buenos Aires fue necesario ordenar y priorizar las obras proyectadas para la próxima etapa” respecto de las tareas del retiro del talud.
“Los equipos técnicos están revisando los planes de trabajo para ver cuándo es el momento de reanudar la obra”, agregaron.
