Ley de Conocimiento: prometen que entrará en vigencia este año

por el Congreso y que el Gobierno prometió implementarlo antes de fin de año. Para que eso ocurra falta un trámite fundamental: que la autoridad de aplicación (el Ministerio de Desarrollo Productivo, que conduce Matías Kulfas) reglamente la norma y que se abra la inscripción de las empresas interesadas en recibir beneficios fiscales, como rebajas en el pago de Ganancias y aportes patronales, entre otras cosas.

La actual Ley del Conocimiento sustituye a la anterior ley 27.506, suspendida sorpresivamente por el Gobierno en enero a los 20 días de su entrada en vigencia. Se trata de una industria que agrupa rubros y actividades como el software, servicios profesionales, biotecnología, consultoría, ingeniería y contenidos audiovisuales, entre otros, que tiene 437.000 empleados y exporta US$ 6.000 millones anuales. Aunque el proyecto actual limita las ventajas a las grandes compañías tecnológicas, entre ellas Mercado Libre, Globant y Accenture, su aprobación fue largamente festejada por casi todo el sector.

La promoción de la Economía del Conocimiento es la continuidad de la Ley de Software, que caducó en 2019 y que otorgó ventajas fiscales a 506 empresas. Se trata de un marco más amplio que el régimen anterior y se estima que cerca de 2.000 firmas cumplen los requisitos para ser incluidas. ¿Cuáles son las condiciones? Por ejemplo, las compañías, tendrán que acreditar que 70% de su facturación provienen de las actividades contempladas en la ley. O realizar inversiones en mejoras de la calidad de sus productos y servicios, capacitar al personal, efectuar tareas de investigación y desarrollo, o exportar.

El primer paso lo dio el Congreso. Pero todavía falta la reglamentación. Fuentes del sector señalan que su redacción está avanzada y que se inició hace 3 meses, cuando el Senado retomó su tratamiento. “Hay un compromiso para que entre en vigencia en 2020“, dijo a Clarín Luis Galeazzi, presidente de Argencon, la cámara sectorial.

“La promoción tiene dos aspectos clave: rebajas en el pago de Ganancias y en los aportes laborales. La primera fue modificada y será gradual en función del tamaño de la empresa: 60% para las pymes, 40% para las medianas y 20% para las grandes. La parte laboral no sufrió cambios”, analizó un alto ejecutivo de una multinacional. Según el proyecto, el costo fiscal de la promoción (lo que el Estado deja de recaudar) se estimó en $18.000 millones anuales, esto es US$230 millones al tipo de cambio oficial.

Todos esos beneficios quedaron suspendidos a principios de año, a través de un decreto y sin previo aviso, con el pretexto de incompatibilidades burocráticas. Poco después, el Gobierno aclaró que remitiría un nuevo proyecto con efectos retroactivos al punto de partida. Al respecto, Galeazzi asegura que esto es así, pero únicamente para las empresas que estaban inscriptas en la Ley de Software. “No así para las pertenecientes a las nuevas actividades que fueron incorporadas”, añadió.

De cualquier modo, la aprobación de la nueva norma fue largamente festejada por empresarios y ejecutivos de la industria. Ni bien se conoció el resultado de la votación en Diputados, el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin y el CEO de Globant, Martín Migoya, celebraron por Twitter y sus mensajes fueron replicados. Todo antes de conocerse la reglamentación. Un primer paso es la creación de un “Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen” en el que deberán inscribirse las empresas interesadas en recibir los beneficios.