Segundos afuera: una Corte blindada estudia el caso jueces y el reclamo porteño por la coparticipación

ojo entrecerrado y el dedo en el gatillo. Los cinco ministros de la Corte Suprema de Justicia le dieron un duro golpe al gobierno con la admisión del per saltumpresentado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli para resistir la topadora que los barrió de sus puestos, y ahora falta el trompazo final de la sentencia, o la improbable bendición de una campanazo salvador que, en el mejor de los casos, matice ese resultado con alguna letra chica que permita ablandar el golpe sobre la lona.

En su resolución del 29 de septiembre quedó claro que la Corte no estirará mucho la incertidumbre: ordenó al Consejo de la Magistratura, la Cámara en lo Contencioso Administrativo y el Procurador General interino que en cuestión de días le envíen todos los antecedentes y dictámenes respecto a los tres jueces federales. El último de estos papeles fue remitido al máximo tribunal hace exactamente una semana. El reloj comenzó a correr.

Pero tampoco hay prisa. La cuestión es demasiado delicada para despacharla con dos o tres párrafos. ¿Los cortesanos sólo sentenciarán el destino de aquellos tres jueces cuyos traslados -aprobados por el Consejo de la Magistratura- ahora fueron deshechos, o también se referirán a todo el universo de jueces trasladados hasta ahora? Hay un gradiente de opciones sobre las cuales el máximo tribunal puede elegir. Detenerse en cada uno de esos peldaños puede significar una mayor o menor adhesión de los ministros. ¿Apurarán una sentencia cuando haya tres votos, o buscarán destilar el texto hasta alcanzar la unanimidad?

En el cuarto piso del palacio de Tribunales el hermetismo es absoluto: ni los más cercanos colaboradores de los ministros saben cómo ni cuándo habrá fumata bianca. Desde una de las vocalías dejaron trascender que la resolución es inminente, y podría conocerse este martes. Otros dos despachos lo relativizan. “Hay 15 o 20 días hábiles para trabajar en la sentencia. No pasó ni la mitad. Los martes es el zoom entre los jueces, pero ahora con la firma electrónica pueden votar en cualquier momento y desde cualquier lado”, advierte un viejo sherpa de la Corte.

En el fallo que hace dos semanas admitió el per saltum hubo una costura previa entre los jueces Lorenzetti, Rosatti y Maqueda, cuyas firmas habían rubricado las Acordadas 4 y 7 de 2018, en las que se negó el pasaje al fuero federal de un Tribunal Oral Nacional y se convalidó el traslado de jueces dentro del mismo fuero y función, tal como pedía aclarar el ministro de Justicia Germán Garavano respecto de Leopoldo Bruglia, ahora otra vez en discusión. Ese antecedente podría volver a unificar los criterios de los tres ministros de la Corte esta vez. Al menos es seguro que intercambiarán opiniones. Si es que ya no lo hicieron. Como fuere, este fin de semana no hubo adrenalina ni luces encendidas en los despachos. “Y el lunes es feriado”, recordaron en el máximo tribunal.

Mientras el caso de los jueces atrae la atención pública, en las oficinas de cada ministro ya aterrizaron todos los documentos necesarios para trabajar en otro tema de máximo valor político: el reclamo porteño por la baja unilateral de la coparticipación impositiva correspondiente a la Ciudad, decidida por Alberto Fernández como respuesta a la crisis policial bonaerense y ejecutada de inmediato, pues las remesas de ese reparto son diarias. El gobierno cree que la Corte no puede darle dos malas noticias juntas, y espera un guiño del máximo tribunal: un razonamiento alejado de cualquier lógica jurídica. Admitirlo sería más peligroso que cualquier decisión en un expediente. La perniciosa teoría de las compensaciones fue el óxido más potente para la corrosión de una Corte que pelea por su prestigio.

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