Se suman críticas al Gobierno por el organismo estatal para controlar los contenidos en medios y redes

políticos de la oposición, que alertaron por los riesgos para la libertad de expresión.

La investigadora Adriana Amado señaló que ese tipo de organismos, por lo general, no forman parte de estructuras estatales, como la que se lanzó en la Argentina. “De 215 factcheckers analizados, sólo 7 son parte de un organismo gubernamental, en países como Polonia, Austria y Nigeria. Algunas de estas iniciativas se apoyan en leyes restrictivas de libertad de expresión en redes sociales de esos países”.

La especialista Amado aclaró que, si bien participó el viernes pasado en la mesa debate sobre Nodio, “no soy parte del Observatorio. Fue invitada a una mesa donde se expresaron diversas posiciones y participé porque creo en el debate de ideas”. Y agregó: “Los países que tienen leyes contra el discurso del odio, son por ejemplo Venezuela. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desaconseja utilizar ese término para ponerlo en una ley”.

Hernán Lombardi, extitular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, también cuestionó el lanzamiento del Observatorio estatal. “Patrullar las ideas. Disciplinar pensamientos. Censura encubierta. Los objetivos del Nodio. Los populismos sin plata se vuelven autoritarios. Que retrocedan en esta locura depende de la movilización de todos los argentinos que amamos la libertad”, dijo Lombardi, en su cuenta de redes sociales.

En el mismo sentido se expresó el jefe del bloque de senadores del PRO, Humberto Schiavoni. “El observatorio NODIO es un intento de censura claramente inconstitucional que merece nuestro más enérgico repudio. Es inadmisible que el Gobierno ataque de esta manera a la libertad de prensa y de expresión”.  

El constitucionalista Daniel Sabsay afirmó que “Nodio es un organismo destinado a controlar el pensamiento expresado en medios y plataformas desde el Estado por una funcionaria K. Se convertirá en una brutal modalidad de censura indirecta prohibida por el Pacto de San José de Costa Rica”. 

Por su parte, Karina Banfi, diputada de Juntos por el Cambio, adelantó que presentará una citación para Lewin en el Congreso, para que brinde explicaciones respecto del proyecto NODIO, que acompañará con un “proyecto de resolución para que disuelvan este observatorio, porque controlar y vigilar no es parte de las funciones que debe tener la Defensoría del Público”.

El exsecretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones durante la gestión macrista, Héctor Huici, fue todavía un paso más allá y sostuvo que “el problema no es Nodio. Es la misma Defensoría del Público de SCA. Organismo innecesario y que solo sirve para rentar militancia. Debe ser eliminado, como propuse en un proyecto de ley”. 

Durante la presentación de Nodio, el viernes pasado, Miriam Lewin, titular de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, sostuvo que desde que se creó la Defensoría, las audiencias “nos expresaron su preocupación por la circulación de mensajes cargados de violencia y desinformación en redes sociales y en medios. En un tiempo de aislamiento, en el que medios y redes sociales son nuestra ventana al mundo, la difusión de mensajes favorables a la dictadura cívico-militar, misóginos, sexistas, racistas, homofóbicos intoxican el debate democrático y refuerzan opiniones que promueven la polarización, cancelan la diversidad y pueden conducir, incluso, a la violencia física”, aseguró Lewin, durante el lanzamiento de Nodio.

Allí además se celebraron los 11 años de la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), con la presencia de varios de sus impulsores, como Glenn Postolsky, director general de Planificación Estratégica e Investigación de la Defensoría; el psicoanalista Jorge Alemán; la exdecana de la Universidad de La Plata, Florencia Saintout; el profesor de Derecho a la Información (UBA), Damián Loreti; y la extitular de Radio Nacional durante la gestión de Cristina Kirchner, María Seoane.

En ese debate, Saintout planteó que los discursos de odio tiene un recorrido en las redes sociales, pero también “siguen construyendo agenda en los medios tradicionales, que además están hiperconcentrados”. Mientras que la exfuncionaria de Radio Nacional propuso la sanción de una Ley de Alfabetización Comunicacional, para que los ciudadanos entiendan los procesos de construcción de noticias maliciosas.

La directora del Ente Nacional de Comunicaciones, Silvana Giudici, afirmó que Nodio es “el primer paso hacia el Ministerio de la Verdad. Es un organismo del Estado definiendo qué opinión es verdadera o falsa, o inicia una campaña de desinformación, pone en riesgo el principio constitucional de la libertad de expresión”, alertó.

En línea con estas críticas, el diputado Alfredo Cornejo, presidente de la UCR, aseguró que “el control a los medios de comunicación de la mano de un organismo del Estado es gravísimo. Es un ataque a la libertad de expresión de la mano de una política de persecución solo vista en los gobiernos dictatoriales. No es por ahí Alberto Fernández”. 

El diputado nacional Cristian Ritondo sostuvo que “este gobierno tiene un cepo para todo, también para controlar a la prensa. El poder de turno no debe decidir qué información llega a los ciudadanos”. Y el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, añadió que el Observatorio “le hace mucho daño a la libertad de expresión”.

También desde la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) cuestionaron la creación del Observatorio y advirtieron que “la instauración de este tipo de órganos de vigilancia desde el Estado conlleva un riesgo cierto de que estos sean utilizados como método sutil de disciplinamiento o represalia por motivaciones ajenas a los principios que dicen promover”.

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