Once diputados de Juntos por el Cambio presentaron una denuncia judicial contra Miriam Lewin por la creación del Observatorio Nodio para controlar los contenidos en medios y redes sociales.
Los legisladores pidieron que la Justicia investigue si la titular de la Defensoría del Público de la Comunicación Audiovisual cometió los delitos de “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”, que prevé penas de hasta dos años de prisión e “inhabilitación especial por el doble de tiempo”.
“La información disponible sobre ‘NODIO: observatorio de la desinformación y la violencia simbólica’, es escasa y difusa. Sin embargo, ha sido suficiente para advertir los riesgos que esa comisaría del pensamiento lleva en germen, y en pocas horas han sobrado voces de reserva y repudio a esa creación oficial”, señalan en su denuncia los diputados Jorge Enríquez, Fernando Iglesias, Graciela Ocaña y Waldo Wolff, entre otros.
Según plantearon los diputados en su denuncia, “una agencia del Estado ‘detectará y desarticulará’ aquellas noticias que el mismo Estado calificará como ‘maliciosas’ y ello para ‘proteger a la ciudadanía de las noticias falsas, maliciosas y falacias”. Es decir, que el Observatorio “prevé ejercer censura previa, para restringir la libertad de expresión, si la finalidad de NODIO es detectar y desarticular noticias que el mismo organismo califica como maliciosas”, plantearon los once diputados de Juntos por el Cambio.
Los legisladores piden que se establezca quiénes son los designados para integrar ese Observatorio, sus antecedentes, la categoría administrativa asignada, de quien dependen y a quien reportan, “como así también si se han asignado partidas presupuestarias y si sus integrantes perciben algún tipo de retribución por parte del estado, entre otras cosas”.
La denuncia está firmada por Enríquez, Iglesias, Wolff, Ocaña, José Luis Patiño, Julio Sahad, Adriana Ruarte, Héctor Stefani, Martín Grande, Omar de Marchi y Álvaro de Lamadrid
El anuncio de la creación de Nodio, el Observatorio estatal de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales, generó fuertes cuestionamientos de especialistas y dirigentes políticos de la oposición, que alertaron por los riesgos para la libertad de expresión. Adriana Amado, ADEPA, Alfredo Cornejo, Laura Alonso, Hernán Lombardi, Humberto Schiavoni, Miguel Bazze, Silvana Giudici, Daniel Sabsay, Cristian Ritondo y Diego Santilli, entre otros, cuestionaron duramente la iniciativa oficial. Y la diputada Karina Banfi anticipó que citarán a Lewin al Congreso, para que dé explicaciones sobre el polémico Observatorio.
Durante la presentación de Nodio, el viernes pasado, Lewin sostuvo que las audiencias “nos expresaron su preocupación por la circulación de mensajes cargados de violencia y desinformación en redes sociales y en medios. En un tiempo de aislamiento, en el que medios y redes sociales son nuestra ventana al mundo, la difusión de mensajes favorables a la dictadura cívico-militar, misóginos, sexistas, racistas, homofóbicos intoxican el debate democrático y refuerzan opiniones que promueven la polarización, cancelan la diversidad y pueden conducir, incluso, a la violencia física”, aseguró Lewin.
Luego de la ola de repudios que generó su creación, Lewin difundió este lunes un comunicado aclarando que sus funciones no son “el control ni la supervisión de la tarea de la prensa, actividades que son incompatibles con la función de la Defensoría del Público”.
Sin embargo, en declaraciones a la radio La990, Lewin sostuvo que la Dirección de Análisis y Monitoreo de la Defensoría, que es donde se inserta el Observatorio Nodio, ya realizó varios informes sobre la cobertura de los medios en diferentes temáticas, como el tratamiento de la tercera edad en los noticieros de la televisión de aire. Y aseguró que el Observatorio va a desarrollar un software “que permita la trazabilidad” de las noticias.
Desde la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) cuestionaron la creación del Observatorio y advirtieron que “la instauración de este tipo de órganos de vigilancia desde el Estado conlleva un riesgo cierto de que estos sean utilizados como método sutil de disciplinamiento o represalia por motivaciones ajenas a los principios que dicen promover”.
PDL
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