El proyecto para recortar ayuda estatal a empresas en paraísos fiscales incluirá también a las sociedades “vinculadas”

Juntos por el Cambio​ aseguró que el texto tiene un “sesgo anti empresa e inversiones” y firmó como dictamen de minoría el texto original.

“Es tan amplia la redacción sobre los sujetos alcanzados que cualquier empresa puede quedar alcanzada. No hablamos del evasor fiscal escondido en una guarida, sino de cualquier empresa legal que haya tenido vínculo societario, contractual o comercial con alguna sociedad vinculada, ni siquiera a paraísos fiscales, sino a países de baja o nula tributación como puede ser Paraguay”, planteó Luciano Laspina (PRO).

Para salvar las críticas, sobre el final, el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, anunció una modificación propuesta por Graciela Camaño para que los legisladores tengan la posibilidad de revisar los casos.

“Las prohibiciones de la ley no regirán en casos en que sea la propia ley del Congreso la que establezca o disponga la asistencia, los subsidios, las exenciones, las facilidades y los demás beneficios y ventajas para tales sujetos atendiendo a las circunstancias del caso”, plantea el artículo incorporado.

El texto original prohibía la ayuda estatal a “personas humanas o jurídicas residentes en el país que sean titulares de bienes físicos y o financieros en jurisdicciones no cooperantes o jurisdicciones de baja o nula tributación”.

El dictamen aprobado incorpora muchos más controles e incluye a las empresas que hayan tenido “vínculos” con offshores.

Entre los puntos principales, restringe los beneficios a “sociedades constituidas en el extranjero, mientras no se hayan adecuado íntegramente a la legislación argentina”; a las que “estén controladas por accionistas de jurisdicciones de baja o nula tributación”; o que “durante los últimos tres ejercicios contables hayan realizado pagos o transferencias a otra estructura jurídica constituida en el exterior”.

A su vez, tampoco podrán acceder personas humanas o jurídicas que se encontraren procesadas o condenadas o que deban impuestos o cargas sociales “por montos iguales o superiores a los que la ley penal tributaria establezca para casos de evasión fiscal agravada”.

“Si hay un ejemplo de proyecto de todo lo que no se debe hacer para traer inversión es este proyecto. Va a ser objetado por inconstitucional y vulnera la igualdad ante la ley. Cualquier empresa con sedes en Paraguay o Bolivia va a ser sujeto potencial”, reclamó el radical Luis Pastori.

Más tarde, Heller retrucó. “Difícil que nos pasemos y que las empresas no puedan funcionar. Y si eso surge, estaremos para corregir” y se refirió al ejemplo de Paraguay: “Con todo respeto por el pueblo paraguayo, son muy sospechosas muchas operaciones combinadas. Si toda la soja que aparece como exportada de Paraguay fuera sembrada ahí, el territorio no hubiera alcanzado y Asunción no existiría, seria campo. Hay muchos casos de empresas que le venden a sus propias filiales en países vecinos y de ahí se disparan la ventas…”

La iniciativa que había tenido dictamen con apoyo unánime se debatió en la madrugada de la misma sesión del “escándalo Ameri”. Cuando ya estaba aprobada en general, la diputada cristinista Fernanda Vallejos impulsó un agregado para excluir también de los s beneficios a las empresas “que estén vinculadas” a otras radicadas en jurisdicciones no cooperantes o jurisdicciones de baja o nula tributación”.

El lavagnista Jorge Sarghini brindó un encendido discurso. “‘No pueden llevarnos por delante de esta manera, les pido que reflexionen”, se quejó y el presidente de la Cámara, Sergio Massa, ordenó devolver el texto a la comisión para “reconsiderarlo”.

Poco más de dos semanas después esa bancada consensuó un texto con el oficialismo.

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