Desde la irrupción de la pandemia hasta el 5 de octubre, las medidas implementadas por el Gobierno para afrontar la crisis sanitaria implicaron un gasto de $ 941.328 millones,
equivalente a 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB) y una disminución de recursos de $ 96.210 millones (0,4% del PIB). Mientras que el monto de facilidades financieras asciende a $ 530.146 millones (2 % del producto), de acuerdo a los cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional (OPC).
El mayor gasto, por $ 269.630 millones, corresponde a las tres rondas del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) para monotributistas categorías “A” y “B”, trabajadores informales, personal doméstico y AUH, entre otros. En función del monto de esta ayuda, el Gobierno aún no definió si habrá un cuarto pago de alcance general o será más restringido.
El segundo mayor crédito presupuestario, por $ 212.500 millones, fue para el programa ATP (Asistencia al Trabajo, Empleo y Producción) por el que el Estado paga una parte del salario de los trabajadores en relación de dependencia del sector privado. De ese total se efectivizaron $ 174.933 millones.
La asistencia financiera a provincias y municipios insumieron $ 194.065 millones por compensación al transporte público de pasajeros urbano y suburbano del interior del país y apoyo a la asistencia local en la emergencia (CAF/FONPLATA).
La disminución de los recursos -$ 96.210 millones- es por reducción de hasta el 95% en las alícuotas de las contribuciones patronales para trabajadores de salud y del sector privado, de la disminución de la alícuota del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios para operaciones vinculadas a salud, derechos de importación extrazona del 0% para mercaderías de uso médico, devolución de IVA por la venta de leche, exención del impuesto a las Ganancias para personal de salud y de las fuerzas armadas y de seguridad.
Las medidas específicas para el personal de Salud, como el Bono de $ 5.000, mayores gastos por los Hospitales Modulares y asistencia financiera a las obras sociales, implicaron $ 49.520 millones.
La OPC aclara que “este es un informe dinámico que se irá actualizando permanentemente, en tanto vayan surgiendo nuevas normas por parte del Gobierno nacional que se tomen en el marco de la pandemia, o modificaciones presupuestarias que actualicen las partidas del presupuesto con el fin de atender gastos derivados de la emergencia sanitaria”.
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