Axel Kicillof busca tierras para construir más cárceles

la Provincia: la superpoblación carcelaria. Pero, al igual que en el caso de la usurpación en Presidente Perón, advierte la falta de tierras donde construir las unidades penitenciarias.

Así le quedó claro a partir de un relevamiento que realizó su equipo semanas atrás y, por eso, el gobernador bonaerense impulsa un proyecto en la Legislatura para asegurarse la posibilidad de poder expropiar inmuebles ubicados estratégicamente en distintos puntos de la provincia con el objetivo de descomprimir la situación en los penales del Servicio Penitenciario Bonaerense.

La decisión se da en el marco de la emergencia penitenciaria y, en consecuencia, en virtud de la “urgencia” que, según afirma la administración Kicillof, tiene la Provincia para avanzar en la adquisición de inmuebles que sean aptos -y puedan ser destinados exclusivamente- para la construcción de cárceles. No se trata de una tarea sencilla, admiten: señalan que, previamente a esta iniciativa, se realizó un relevamiento de las tierras en poder de la provincia y una búsqueda, a cargo del Ministerio de Justicia bonaerense, entre los terrenos que están a la venta.

Finalmente, tras una preselección de terrenos realizada con intendentes del PJ, se decidió a enviar un proyecto que declara la “utilidad pública y sujeto a expropiación” al predio “que sea necesario para el cumplimiento del Plan de Infraestructura Penitenciaria”. Establece, claro, una instancia de diálogo con los propietarios y habilita al gobernador a realizar una compensación económica para evitar futuros litigios. 

Entre los argumentos del texto, al que accedió Clarín, la gobernación da cuenta de una “situación de franco colapso” en infraestructura penitenciaria y reconoce, en línea con los planteos que hacen desde organismos de Derechos Humanos, que en la actualidad “el Estado provincial se encuentra impedido de garantizar los umbrales mínimos que en materia de tratamiento de personas detenidas se comprometió a cumplir ante la comunidad internacional”.

Pero, si bien asume que “la crisis en materia de infraestructura penitenciaria” se trata de un “problema estructural que desde hace tiempo azota a la provincia de Buenos Aires”, no ahorra críticas a la gestión de María Eugenia Vidal: recuerda que “entre los años 2016 y 2019 se produjo un incremento extraordinario en el número de personas privadas de la libertad”, circunstancia que “elevó sensiblemente los niveles de hacinamiento y agudizó el deterioro del sistema”. Se trata, según estiman cerca de Kicillof, de “la sobrepoblación más alta de la historia”, con “casi el doble” de la capacidad alojamiento máximo cubierta. 

En principio, la iniciativa del gobierno provincial contemplaba la expropiación de seis predios, ubicados en cuatro municipios gobernados por el peronismo: dos en Moreno y Quilmes, donde gobiernan Mariel Fernández y Mayra Mendoza; y uno en La Matanza (Fernando Espinoza) y Merlo (Gustavo Menéndez). Aunque a partir de negociaciones con el bloque de Juntos por el Cambio, que a priori vería con buenos ojos el tema ya que lo impulsó durante la gestión anterior, el listado podría ampliarse con propuestas de intendentes opositores.

Ese fue, precisamente, uno de los mensajes que transmitió el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, en su exposición del martes pasado en un reunión con diputados. Allí, legisladores de JxC plantearon diversas objeciones, en especial los motivos porque la primera etapa contempla sólo distritos peronistas. “Vamos a analizar todas las propuestas de terrenos que nos traigan”, prometió, en sintonía con el mensaje de la gobernación.

De hecho, para cumplir con el plan original serán necesarios más inmuebles de los que tiene en carpeta la Provincia, ya que contempla la construcción de dos unidades con capacidad para mil internos cada una y 10 alcaidias de 300 plazas cada una. 

Es, por este motivo, que se prevé un cambio en el borrador para que quede abierta la posibilidad de que, luego de aprobado el proyecto, el Ejecutivo provincial “proceda a la determinación de los inmuebles a expropiar en el marco de la presente ley”.

La idea de construir a lo largo de los puntos más calientes del GBA más establecimientos, aunque sean de menor capacidad, tiene que ver con las meta de cumplir con las “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos”, conocidas como “Reglas Nelson Mandela”, que prevén en su apartado 59, que “en la medida de lo posible, los reclusos serán internados en establecimientos penitenciarios cercanos a su hogar de reinserción social”.

El panorama actual es sombrío en ese sentido: mientras el Gran Buenos Aires aporta el 70 por ciento de los detenidos, en el área hay plazas para apenas el 39% del total de la capacidad carcelaria. 

Por eso, con el financiamiento asegurado por Nación, a través del Ministerio de Obras Públicas que conduce Gabriel Katopodis, para costear la inversión -inicialmente unos 12.800 millones de pesos-, la intención de Kicillof es contar cuanto antes con la ley que lo habilitará para declarar de “utilidad pública” los inmuebles en los que se emplazarán las cárceles y alcaidías.

Eso le transmitió al titular de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín, y al jefe del bloque del Frente de Todos, Facundo Tignanelli, quienes iniciaron negociaciones con la oposición para asegurarse que el proyecto, una vez que tenga sanción en Diputados sea convalidado sin problemas en el Senado: el jefe del interbloque, el radical Maximiliano Abad, juega un rol clave porque no sólo debe sondear con sus pares sino también con Vidal, que tiene una nutrida tropa de legisladores incondicionales que ejecutan su voluntad. 

La idea de máxima del FdT, incluso, era avanzar con la iniciativa esta semana, pero finalmente, en acuerdo con la oposición, la administración Kicillof accedió a postergar su debate para pulirlo. “Va a salir con amplio consenso“, arriesgaron desde el oficialismo. 

Por lo pronto, fuera de este plan, la Provincia está construyendo, con fondos propios, unas 2 mil plazas y durante esta pandemia ya inauguró 364 plazas en las localidades de Magdalena, San Martín y Florencio Varela. Además, en diciembre estarían listos los 15 hospitales penitenciarios que apuntan a descomprimir las cárceles, pero también el sistema de salud público provincial, donde se traslada actualmente a los internos; y también se habilitará una nueva cárcel en Lomas de Zamora.  

Con todo, a pesar de que el zoom con los diputados se desarrolló en un clima respetuoso, tampoco faltaron chicanas. Alak salió al cruce de la oposición que cuestionó a la Provincia por una supuesta postura favorable a la liberación de presos ante el riesgo que representaba el hacinamiento frente al coronavirus. “No estamos de acuerdo con las liberaciones masivas. Y en la tensión discursiva de ‘liberaciones’ o ‘ladrillos’, nosotros elegimos los ‘ladrillos‘”, sentenció, en lo que representa, al menos desde lo discursivo, un giro hacia el centro de la Provincia. 

PDL

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