Juntos por el Cambio, que presentó en la justicia una medida cautelar.”/>
La defensora del Público, Miriam Lewin, expondrá este lunes ante una comisión bicameral del Congreso nacional sobre su gestión al frente de ese organismo y detallará los objetivos del flamante observatorio dedicado a analizar y a prevenir los contenidos maliciosos y falsos en los medios de comunicación masiva.
La funcionaria dará un informe desde las 15 ante la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, que preside la diputada del Frente de Todos, Gabriela Cerruti.
Lewin expondrá sobre los ejes centrales de la gestión que desarrollará desde la Defensoría del Público y explicará los alcances del flamante proyecto para desarrollar un observatorio que analice contenidos falsos o maliciosos en los medios de comunicación.
El observatorio Nodio está pensado para registrar, analizar y prevenir el caudal de informaciones y contenidos maliciosos y falsos en los medios de comunicación masivos.
En la presentación de ese instrumento, Lewin explicó que trabajará en la detección, verificación, identificación y desarticulación de las estrategias argumentativas de noticias maliciosas, la identificación de sus operaciones de difusión, y los “sistemas de alertas”, entre otras acciones, “con el objetivo de proteger a la ciudadanía comunicacional”.
Si bien aun está en etapa de conformación, Nodio generó críticas del interbloque de Juntos por el Cambio, que presentó en la justicia una medida cautelar, primero aceptada por el fiscal Carlos Stornelli, pero luego rechazada por la jueza federal Maria Eugenia Capuchetti.
La denuncia fue impulsada por los diputados Juntos por el Cambio Waldo Wolff, Fernando Adolfo Iglesias, Graciela Ocaña, José Luis Patino, Julio Enrique Sahad, Adriana Ruarte, Héctor Stefani, Martín Grande, Omar De Marchi, Álvaro de Lamadrid y Jorge Ricardo Enríquez.
Tras la presentación de la denuncia, el fiscal Stornelli pidió la indagatoria de Lewin, pero la jueza Capuchetti rechazó esa medida y pidió la documentación sobre la puesta en marcha de ese organismo.
La magistrada entendió que en la presentación del fiscal “no se verifica -más allá de las formulaciones genéricas e invocaciones a normas de distinta jerarquía- de qué modo concreto la creación del organismo afectaría el derecho a la libertad de expresión protegido por la Constitución Nacional”.
