Investigan quién cobraba las horas que hacía el “politrucho” de La Matanza

“politrucho”. Es decir, un civil que se vestía de policía y usaba armas de agente de seguridad pero no figuraba en los registros oficiales de la fuerza. La Justicia inició una causa y sospecha que sería un enfermo psiquiátrico.

Un subcomisario a cargo de la dependencia y un oficial subinspector -responsable de la brigada de calle de esa repartición que está situada en la localidad de Ciudad Evita- fueron relevados de sus cargos como medida preventiva, según lo dispuesto por Asuntos Internos.

Además, las autoridades provinciales decidieron desafectar a un teniente que era el “acompañante” de Miguel Angel Sosa (38), el falso funcionario público cuya maniobra irregular detectó el programa Periodismo Para Todos (PPT), que se emitió el domingo a la noche por El Trece.

Fuentes judiciales confirmaron a Clarín que a partir de la revelación intervino el fiscal Fernando López, de la UFI de Violencia Institucional de La Matanza, y ordenó un allanamiento en la vivienda del falso agente, en la calle Esquiro al 6100 de Isidro Casanovas, también del municipio de La Matanza.

El procedimiento se hizo en una casa que estaba registrada a nombre de los padres de Sosa. Lo realizaron con el apoyo de policías de la Distrital de esa jurisdicción. De acuerdo con la información que trascendió, en esa propiedad encontraron equipos similares a los que utiliza la Bonaerense y la Federal.

En el acta de allanamiento describieron parte de los elementos incautados: un pantalón “antidesgarro” negro con inscripción PFA; un pantalón azul oscuro “símil policía”; una campera “garibaldina” azul oscuro; un chaleco antibalas con porta funda con escudo de la Bonaerense con abrojo y placas antibalas marca U.S Armor.

También hallaron réplicas de pistolas (de plástico); una cachiporra “casera”, un handy, cargadores para esos equipos de comunicación, borceguíes y otras insignias de fuerzas de seguridad.

El padre del plagiador informó que Miguel Sosa no estaba en la casa. Y un dato que los investigadores consideran clave: un certificado de “discapacidad” emitido en 1999, por presuntos problemas psiquiátricos.

Además, según relataron los familiares, Sosa “tenía una obsesión por ser policía”. Pero por su cuadro de salud había sido rechazado para ingresar a la fuerza. Dijeron en su entorno a los investigadores que “muchas veces le insistimos en que deje de vestirse como policía”. Y que en otras ocasiones habían llegado a “quemarle las indumentarias policiales, pero vuelve a conseguirlas”.

El informe periodístico determinó que Sosa participa de operativos, sube a patrulleros, monitorea la frecuencia radial y consigue “horas extra”, a partir de realizar custodias en comercios y supermercados.

En el ministerio de Seguridad consideran que se trataría de un “caso aislado”. Especulan que resulta “muy complejo lograr que más de una persona y por mucho tiempo consiga cobertura” para fraguar los sistemas de control y supervisión para actuar como policía trucho.

“Por negligencia o por complicidad, los responsables directos de las áreas donde actuó tienen algún grado de responsabilidad”, argumentaron cerca de la oficina de Asuntos Internos.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, hasta este mediodía no se había pronunciado de manera oficial sobre la situación en la comisaría de José Ingenieros. Clarín consultó a sus voceros para que manifestara su posición sobre este caso. “Lo investiga la Justicia. Aportamos todos los datos que nos requirieron”, fue la respuesta desde la gestión.

Entre los documentos que deberá revisar la auditoría interna de la Bonaerense están los libros de adicionales que se liquidaban en la dependencia. Porque –explicaron- no existe manera de cobrar ese servicio sin estar registrado en el padrón policial. “Alguien cobraba por Sosa. O se quedaba con el dinero de las extras que hacía Sosa”, dijeron.

EMJ

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