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El fiscal de La Plata Marcelo Romero, uno de los tres que interviene en la causa por la toma de terrenos en la localidad bonaerense de Guernica, dijo hoy que “el panorama es alentador” porque “quedan pocas familias” ocupando tierras y cada vez más personas “se incorporan al proceso de abandono pacífico” del lugar.
Además, aseguró que “el Ministerio Público Fiscal está expectante en este tema pero no participamos de las negociaciones” y destacó que el juez de la causa, Martín Rizzo, “manifestó que deben agotarse todas las alternativas para una salida pacífica, sin violencia”.
Romero, que interviene en la causa junto a los fiscales Juan Cruz Condomí Alcorta y Juan Pablo Stasi, apuntó que “la orden de desalojo sigue vigente y sí o sí hay que cumplirla antes del 30 de este mes y debe ser en días hábiles y con condiciones climáticas que no sean adversas”.
Creemos que todo va a salir bien; seguramente, la gran mayoría se va a ir por sus propios medios antes de nuestro ingreso y, los que quedan, serán invitados a retirarse”
Marcelo Romero
“No sé el número exacto de efectivos policiales que van a intervenir en el desalojo, pero serían más de mil, pero tampoco sé el número exacto de familias en la toma porque todos los días varía y quedan muy pocas”, añadió.
El fiscal sostuvo que “los que tratan de boicotear las negociaciones” encauzadas por el Gobierno bonaerense “son algunas agrupaciones muy radicalizadas”.
Romero destacó que, cuando ocurra el desalojo, el personal que ingresará al predio “estará desarmado e incluirá a hombres y mujeres de todas las especialidades policiales y también personal de los ministerios que están trabajando para la contención de embarazadas y mujeres que están por violencia de género”.
“Creemos que todo va a salir bien; seguramente, la gran mayoría se va a ir por sus propios medios antes de nuestro ingreso y, los que quedan, serán invitados a retirarse”, explicó.
En tanto, en las carpas ministeriales ubicadas en Guernica continúan las reuniones con representantes de organizaciones sociales que apoyan a los ocupantes de los terrenos, con el objetivo de acordar una salida consensuada antes del 30 de octubre.
Hasta hace cinco días, más de 600 familias habían abandonado el predio y el Gobierno provincial las ubicó en otros domicilios o proveyó materiales de construcción para ampliar sus viviendas, y a otros se los ayudó con el pago de alquileres.
