El Gobierno revisará cuándo y de qué manera la Policía debe usar el arma reglamentaria

el Gobierno nacional creó este martes un programa para analizar en qué casos la Policía debe emplear su arma reglamentaria y de qué manera. 

Con una resolución publicada en el Boletín Oficial, el ministerio de Seguridad derogó un programa lanzado en 2012 destinado a la promoción de rutinas de trabajo y principios relativos al uso de la fuerza y el empleo de armas de fuego por parte de las fuerzas policiales en conjunto con las pautas generales de actuación que debían respetar las instituciones de seguridad.

“Teniendo en cuenta los cambios y discontinuidades que ha sufrido el programa en los últimos años es necesario realizar modificaciones y actualizaciones que refuercen los componentes vinculados a la prevención y reducción de las muertes y lesiones ocasionadas en el marco de intervenciones armadas por parte de funcionarios estatales y al cuidado del personal”, dice la resolución 377/2020, que actualiza los lineamientos establecidos en 2012.

El texto refiere también a “aquellas que den lugar a un análisis sistemático y eficaz de la información que permita identificar aspectos relevantes a la hora de diseñar políticas públicas orientadas al uso racional de la fuerza”.

Según la resolución, el nuevo programa tendrá entre sus objetivos la promoción de rutinas de trabajo y principios relativos al uso de la fuerza y el empleo de armas de fuego “respetuosos de los derechos humanos y acordes a los principios internacionales vigentes, así como la elaboración de medidas promotoras de bienestar y protectoras de la integridad psicofísica del personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales”.

La cartera que conduce Frederic menciona además medidas “orientadas a la formación, capacitación, desempeño profesional, doctrina, equipamiento y rendición de cuentas; el seguimiento y sustanciación de actuaciones administrativas y disciplinarias que se realicen a fin de determinar la responsabilidad del personal policial y de seguridad que haya intervenido en los hechos; y garantizar el acompañamiento y contención profesional al personal afectado a estrés postraumático u otra condición, vinculados al uso letal del arma de fuego”.

El programa prevé analizar “información, antecedentes y casos sobre el uso de las armas de fuego por parte del personal de seguridad con vistas a producir información relevante y propuestas en consonancia” con las políticas del ministerio.

En esa línea, la resolución apunta a “implementar acciones tendientes a erradicar y prevenir prácticas irregulares y abusos funcionales desarrollados al interior de las Fuerzas Policiales y de Seguridad”.

Entre sus acciones cooperará con la Subsecretaría de Control y Transparencia Institucional “en la investigación de hechos que configuren violaciones a los derechos humanos, bajo los estándares internacionales que regulan el uso de la fuerza, para que sean tratados acorde a su relevancia, con mecanismos ágiles que permitan otorgar transparencia, imparcialidad e inmediatez con el fin de brindar una respuesta estatal rápida y eficiente”.

“Se analizará, evaluará y propondrá, los medios, guías y protocolos de intervención, y equipamiento para el personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales que permitan intervenciones que disminuyan la lesividad y/o la aplicación de medidas de fuerza no letal acorde con los objetivos del Programa”, suma el texto.

Una vez definidos los nuevos parámetros “se instruirá a la PFA, a Gendarmería, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a Prefectura Naval para que en el plazo de 30 días corridos adecuen la normativa, criterios de organización y de recursos humanos, a fin de ajustar sus procedimientos internos a pautas generales de actuación ante hechos de uso de armas de fuego que involucren al personal a su cargo, elaboradas por el Programa”.

Para desarrollar esta iniciativa se conformarán un gabinete de asesores y una comisión de seguimiento y coordinación que estará integrada por dos representantes de la Subsecretaría de Derechos, Bienestar y Género, de la Subsecretaría de Control y Transparencia Institucional, de la Subsecretaría de Formación y Carrera, y de cada una de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, quienes serán designados dentro de las próximas 48 horas.

“Resulta oportuno y necesario efectuar modificaciones a las pautas generales de actuación en función de asegurar su adecuación a una perspectiva de derechos humanos, bienestar, prevención y control, por un lado, y de acompañamiento institucional y diseño de políticas públicas en base al análisis cuantitativo y cualitativo de casos de uso de armas de fuego y de muertes provocadas por el uso letal de la fuerza, por el otro”, agrega la resolución.

JPE​

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