Félix Crous eliminó una facultad clave de la Oficina Anticorrupción (OA) que está en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) de su creación del ex presidente Fernando De la Rúa,
apoyado (en esto) por Chacho Alvarez, de 1999: la de participar de “litigios estratégicos” en que haya un daño al Estado, a la sociedad de parte de funcionarios de alto rango.
La OA fue una de las banderas con que ganó las elecciones de 1999 la Alianza para activar las causas por corrupción contra el ex presidente Carlos Menem y sus funcionarios que dormían el sueño de los justos en Comodoro Py. Dice el artículo 2, inciso E del DNU de De la Rúa número 102 de 1992 que la OA podrá “constituirse en parte querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado, dentro del ámbito de su competencia”.
Entonces, si Crous –quien dejó de depender del ministerio de Justicia y pasó a la órbita directa del presidente Alberto Fernández- desea anular formalmente esa facultad lo puede hacer pero con un DNU presidencial no con una simple resolución. Es un DNU, no es la ley de Ética Pública. Pero claro el trámite a través de un DNU tendría un mayor costo político. Ni Julio Vitobello, actual secretario general de la Presidencial y ex titular de la OA entre el 2008 y el 2015 se atrevió a tanto como Crous.
Aquel decreto de De la Rúa, más otro ampliatorio, le dio a la OA “facultades concurrentes” a la fiscalía nacional de investigaciones administrativas en la facultad de querellar en defensa del Estado. Entre paréntesis, muchos jueces y fiscales le negaron a la OA tener legitimación en causas por corrupción hasta que la Corte en el fallo del ex titular de la Casa de la Moneda Armando Gostanián se la dio.
Es que una OA activa y querellante molesta a algunos jueces y fiscales, funcionarios y empresarios -como pasó en la gestión de Laura Alonso- que quieren cajonear causas para permitir la impunidad de la corrupción y ahí está el fondo de la resolución de Crous. Ser querellante significa pedir medidas de pruebas, impulsar la causa, solicitar condenas, etc. Y para eso hace falta abogados de la OA que redacten escritos y colaboren con fiscales que, muchas veces, se ven superados por ejércitos de abogados privados pagados por fortunas hechas con dinero dinero, en un círculo vicioso difícil de romper. Crous echó a directores, coordinadores y abogados contratados para seguir estas causas y ahora argumenta que la “falta personal” para seguir con esta tarea que, en muchos casos, perjudica a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Detrás de la resolución de Crous hay más de 100 ex funcionarios K procesados que sienten a la OA como un tábano y quisieran que estas causas vuelvan a tener 16 años de duración como era antes del 2015…
Pero no se trata solo un problema de pagar costos políticos y sincerar la intención de cambiar el perfil y crear, en lugar de la OA, una simple oficina de Ética que solo reciba y controle las declaraciones juradas patrimoniales. El problema que tendrá esta decisión también tiene consecuencias internacionales. La OA debe velar también porque la Argentina respete los acuerdos internacionales de transparencia pública. Por esta razón, en las supervisiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ya le empezaron preguntar al gobierno nacional sobre estos compromisos, los ataques a la Justicia y otros temas que tienen vinculación directa con su luz verde para recomendar, o no, inversiones internacionales.
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