Una sentencia judicial del Supremo venezolano revela que al menos dos comandos israelíes participaron en el fallido golpe de Estado contra Maduro en mayo pasado.
De acuerdo con la sentencia 89 de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano, del pasado 22 de octubre, dos pelotones de comandos israelíes iban a participar en la llamada “Operación Gedeón” del pasado 3 de mayo; un proyecto militar destinado a derrocar al legítimo Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
“En el grupo de mercenarios participarían dos pelotones de comandos israelíes, quienes se encuentran en el mar Caribe a bordo de la IV Flota de EE.UU., bajo la dirección del Almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de EE.UU., justificando la Operación de acuerdo a las acusaciones infundadas en contra del Estado Venezolano como narco Estado”, revela la sentencia.
En una primera operación, planeada desde Colombia por el capitán Antonio José Sequea Torres, desertor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), atacarían unidades militares, permitirían la entrada de mercenarios en Venezuela y liberarían a un grupo de exmilitares y opositores venezolanos encarcelado en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil), popularmente conocido como Ramo Verde.
La misión de los comandos israelíes consistía en el secuestro y el traslado fuera del país de Maduro y del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, dos objetivos del Gobierno de EE.UU. que ha puesto precio a la cabeza de ambas autoridades venezolanas.
La segunda operación estuvo dirigida por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y articulada por el desertor mayor de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Juvenal Sequea Torres.
La FANB frustró la invasión que un grupo de “mercenarios terroristas” intentaba perpetrar desde Colombia. El Gobierno venezolano ha detenido a decenas de mercenarios involucrados en dicha intentona golpista, muchos de los cuales han confesado que contaban con el financiamiento de Washington.
Según Maduro, la iniciativa fue lanzada por orden directa del presidente estadounidense, Donald Trump, por lo que el Gobierno de Caracas aseguró que llevaría el caso ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya (Países Bajos).
El Gobierno estadounidense busca desde hace tiempo derrocar al mandatario chavista, y para lograrlo, aplica diversos métodos como sanciones, intentos de golpes de Estado y amenazas con una intervención militar.
Este frustrado intento de la Casa Blanca y sus aliados contra Maduro se suma a varios planes y conspiraciones para derrocar al presidente bolivariano, todos abortados gracias a la lealtad del pueblo y los militares venezolanos.
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