Cualquier análisis somero sobre la actualidad de Chile refleja más el impacto de la pandemia que la huella de la ola de protestas que estalló hace un año,
que se evaporó en marzo ante la emergencia sanitaria y resurgió ante la inminente celebración este domingo del que es su fruto más visible: el plebiscito sobre una nueva Constitución.
La pandemia puso en cuarentena la agitación ciudadana, hundió la actividad económica cuando comenzaba a recuperarse del golpe de las protestas y forzó al gobierno a tomar medidas especiales ante la recesión, que difuminaron y empequeñecieron la agenda social que lanzó el año pasado para atender las demandas de los manifestantes.
Aunque la pandemia obligó a aplazar el plebiscito, que estaba agendado para abril, éste se mantuvo vivo durante todo el tiempo en el que las protestas hibernaron y persiste como la instancia clave que puede resolver la crisis social.
¿Es entonces el único logro de las protestas, que semiparalizaron al país y que a la par que masivas manifestaciones pacíficas vivió episodios de extrema violencia que dejaron al menos 30 muertos, miles de heridos y trajo de vuelta la sombra de la represión policial por su violencia en el control de las manifestaciones?
El papel para votar en el plebiscito de este domingo en Chile. Foto: DPA
“No, no, hay más frutos de aquello”, afirmó a la agencia EFE el ex presidente chileno Ricardo Lagos (2000-2006), quien ilustró que el Estado ha aumentado su nivel de deuda pública del 30% al 40% del PBI para dar respuesta tanto a las demandas ciudadanas en las protestas como a la pandemia, aunque más a lo segundo que a lo primero, reconoció.
La pandemia, ¿una excusa?
Para el politólogo de la Universidad Diego Portales Claudio Fuentes no hubo muchos avances en respuesta al estallido y con el coronavirus la agenda de reformas se fue a lo urgente.
“No sé si la pandemia es una excusa pero sí ha sido un freno evidente porque todos los actores se pusieron de inmediato a tratar de resolver la crisis sanitaria más que otros temas mucho más estructurales”, abundó.
En números, la pandemia hundió la actividad económica hasta un 15,3% en mayo, mes en el que dio inicio la cuarentena en la capital del país, el principal foco de contagio en ese momento.
La tasa de desempleo marcó un registró histórico del 13,1% en julio, arrastrando a la precariedad a la clase media y aumentando el número de pobres, que la Cepal estima que en 2020 puede pasar el del actual 9,8% al 13,7%.
Ante un gobierno volcado a aliviar la crisis que ilustran estos datos, el plebiscito quedó como el único cauce que puede motivar un cambio que dé respuesta a las proclamas ciudadanas de las protestas.
Preparativos en un centro de votación en Santiago de Chile, antes del plebiscito sobre la reforma de la Constitución. Foto: AFP
“Todo se canalizó a través del proceso constituyente y ahora estamos en una lógica en la que la mayoría de los actores políticos y sociales están dependiendo de ese resultado para avanzar en reformas más sustantivas del sistema político”, dijo Fuentes a EFE.
La apuesta por el plebiscito
El plebiscito surgió en noviembre del año pasado de un acuerdo entre las fuerzas políticas oficialistas y de oposición para lograr la paz social y ofrece a los ciudadanos la posibilidad de elegir si quieren o no cambiar la actual Constitución, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Las redes sociales, las pancartas de los manifestantes, los cánticos y las declaraciones de las personas a pie de calle armaron el relato de la protesta: la desigualdad los asfixiaba y necesitaban cambios profundos en algunos de los pilares del modelo neoliberal chileno, como las pensiones, la salud o la educación.
Al quinto día de la revuelta, el presidente del país, Sebastián Piñera, dijo haber escuchado estas demandas, pidió perdón por no haber visto antes estos problemas y anunció una serie de ayudas sociales en pensiones, medicamentos e ingreso mínimo, entre otras.
Un año después, esta agenda social está completada al 82%, según el gobierno, y si bien medidas como el establecimiento de un ingreso mínimo garantizado o la estabilización de las tarifas eléctricas están ya en funcionamiento, algunas de las reformas más ambiciosas, como la de pensiones o la del Fondo Nacional de Salud, siguen abiertas.
“Chile desde el estallido social no ha hecho ninguna reforma estructural a los problema de base que exhibía en términos de educación, pensiones, salud o dignidad, solo que fueron quedando en una situación secundaria producto de la pandemia”, dijo a EFE Dante Contreras, profesor de Economía de la Universidad de Chile y exdirector ejecutivo del Banco Mundial.
La actual Constitución de 1980, que cedió al Estado un rol subsidiario en la provisión y administración de servicios esenciales, aparece como una camisa de fuerza que impide reformas estructurales y “la sociedad, como un todo, ha puesto todas sus fichas en el plebiscito”, concluyó Contreras.
Por Rubén Figueroa, agencia EFE
CB
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