Plebiscito en Chile: ¿Cuáles son las críticas a la Constitución del 80 impuesta por la dictadura de Pinochet?

durante el próximo año.  Pero, ¿Cuáles son los puntos en discordia sobre la actual Constitución, la que fue impuesta en 1980 bajo la dictadura de Augusto Pinochet?

El origen

De invocarse un poder constituyente, la nueva Carta Magna sería la primera con participación activa de la ciudadanía. No tan solo en su aprobación, sino también en el órgano que la redactaría, el que será por participación ciudadana en elecciones que se realizarían el próximo 11 de abril de 2021. La actual Constitución fue redactada por una comisión de expertos, presidida por el abogado Enrique Ortúzar, por lo que fue bautizada con el apellido de su líder.

Los últimos retoques a dicho texto se los dio el constitucionalista Jaime Guzmán, posteriormente asesinado como senador en 1991, conocido por ser uno de los ideólogos de la derecha chilena. Si bien la dictadura convocó a un plebiscito, éste no contó con padrón electoral ni organismo electoral autónomo, por lo que sus resultados son desconocidos hasta el día de hoy.

Sin embargo, durante 30 años los distintos gobiernos de centro izquierda y centro derecha realizaron múltiples modificaciones, las que permitieron que ésta se fuese acomodando a las necesidades del país. Aun así, es un texto que siempre ha generado división en los chilenos y a la que se apunta como una camisa de fuerza para producir cambios más profundos en la sociedad.

Presidencialismo

La Constitución vigente establece un fuerte sistema presidencial, con una serie de materias donde existe exclusiva iniciativa legal del presidente. El poder, a nivel de gobiernos regionales, hasta el día de hoy lo ostentan Intendentes designados por el presidente. Una de las mayores críticas al sistema subyace en la escasa iniciativa parlamentaria del Congreso, bicameral, para forzar cambios de conductas o políticas públicas del poder ejecutivo.

Tanto Renovación Nacional, partido del Presidente Sebastián Piñera, como la Democracia Cristiana, de oposición, han levantado como propuesta la posibilidad de tener un sistema semi-presidencial, como el francés, con una figura de Primer Ministro, con el fin de incentivar la construcción de mayorías parlamentarias y entregar mayores atribuciones al poder legislativo.

También existen propuestas para imitar un sistema de República Parlamentaria, como la española, la que existió en Chile entre 1891 y 1925 con lamentables resultados, y otra alternativa es transitar a un sistema federal.

Derechos sociales

Parte de los mayores desafíos del país están en dar respuestas a las demandas sociales. El diagnóstico que se ha instalado es que la creciente y pujante Clase Media tiene altas expectativas de progreso y se siente vulnerable respecto a su situación, donde una enfermedad o la pérdida del empleo los pueden hacer caer nuevamente en la pobreza.

Si bien el artículo 19 de la actual Constitución garantiza el acceso a una serie de derechos como la educación, salud y previsión social, la crítica de la oposición es que su redacción es ambigua y permite una serie de deficiencias en la forma en que el estado garantiza dichos derechos.

El proyecto constitucional de Bachelet en 2017, liderado por el Constitucionalista Patricio Zapata, contemplaba una redacción más robusta de dichos derechos y un umbral de exigencias mayor al Estado para garantizarlos. Desde el oficialismo han reconocido la necesidad de transitar hacia un rol más activo del poder ejecutivo en las prestaciones sociales, pero sin renunciar a la coexistencia con sistemas privados, ya sean de educación, salud o jubilaciones.

Esto implica pasar de un Estado subsidiario –que solo interviene en aquellos aspectos donde los privados no son capaces de dar respuesta- a un Estado de corte Solidario que interviene activamente en los mínimos de las distintas prestaciones sociales.

Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional chileno data del gobierno del ex presidente socialista Salvador Allende. Sin embargo, el texto de 1980 le otorga una serie de facultades para controlar que la labor legislativa se enmarque en los principios rectores jurídicos del país.

Sin embargo, dichas facultades han hecho que este organismo opere como una verdadera “tercera cámara” legislativa, donde el sector que pierde una votación recurre para buscar todos los artilugios jurídicos posibles, con tal de revertir su promulgación. El mecanismo, como está definido, “tuerce, mañosamente, la voluntad política manifestada en el Congreso”, a juicio del constitucionalista Fernando Atria, quien conversó a principios de este año con Clarín.

Mínimos comunes

Lo que está más claro es que la derecha y sectores más liberales de la centro-izquierda dan por hecho que Chile mantendrá una economía abierta y un Banco Central autónomo, el que conserva buenas reservas y ha resultado ser eficiente como ente rector de la política monetaria del país. Además, no se pone en discusión la garantía del derecho de propiedad, el emprendimiento privado y la libertad de prensa entre otros, por lo que se vislumbran cambios de mayor enfoque social, pero moderados respecto al sistema global que rige la sociedad chilena.

PB

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