En un fallo que sorprendió incluso a vecinos de Villa Mascardi la Justicia de Río Negro ordenó la restitución del predio perteneciente al Obispado de San Isidro
que una comunidad mapuche mantiene ocupado desde hace seis meses a 35 kilómetros de Bariloche.
La decisión parece marcar el final de la paz que el Gobierno Nacional intentó mantener con los integrantes de la lof Lafken Winkul Mapu en los últimos 50 días. A lo largo de todo ese tiempo mantuvieron negociaciones secretas con el ministerio de Seguridad que conduce Sabina Frederic, a través del secretario de la cartera, Gabriel Fuck. Pero el jueves, tal como adelantó Clarín, el presidente Alberto Fernandez le comunicó a la gobernadora Arabela Carreras que ambos funcionarios serían desplazados de la Mesa de Diálogo con los mapuches y su lugar lo ocuparía la ministra de Justicia, Marcela Losardo.
Ante el fallo de Arroyo se hizo sentir la reacción de la comunidad aborigen así como de agrupaciones sociales y jurídicas que los apoyan. Hubo marchas en la ciudad, rayadas amenazantes y mensajes virales contra funcionarios políticos y de la justicia local.
El ataque de la semana pasada a la gobernadora de Río Negro, en Villa Mascardi.
El fallo del juez de Garantías de Bariloche produjo movimiento en una de las tantas causas radicadas en la Justicia contra la agrupación mapuche. Las autoridades de la provincia esperan la presentación de nuevos recursos de la defensa. En caso de que se confirme el fallo, la secretaría de Seguridad probablemente desarrolle un plan de acción como ya se hizo en El Foyel desalojando sin violencia hace una semana. “Hay que ver cuando están dadas las condiciones para poder hacerlo”, dice una fuente de Gobierno.
“Aquí no está en discusión la existencia de los pueblos originarios, pero sí que no se puede acudir a cualquier vía para ejercer un reclamo, debo tener cuenta las consecuencias. Los derechos legítimos no habilitan las vías ilegítimas, y si lo hacemos nos exponemos. No tiene que ver con discriminación. Hay que hacer cesar el delito para poder avanzar en la pacificación”, fundamentó el magistrado Arroyo.
“Ordeno el reintegro de la posesión del inmueble que deberá hacerse según el Protocolo dispuesto por el Ministerio Público contemplando todas las medidas que garanticen la integridad de las personas”, resolvió.
Una de la cabañas vandalizadas en Villa Mascardi pertenecientes a la Iglesia.
La Iglesia adquirió el terreno donde hoy se levanta la “Cabaña Hueche Ruca” el 22 de julio de 1986 a la Administración de Parques Nacionales”, explicó Cendón. Además, ni el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI) ni INAI registran a la lof Lafken Winkul Mapu como una comunidad mapuche, sumó la funcionaria.
El mismo viernes un grupo de 10 mapuches rechazó el fallo del juez afuera de la Catedral de Bariloche, mientras que desconocidos apuntaron en las paredes del centro acusaciones de “racismo” contra la fiscal del caso Betiana Cendón y el fiscal jefe Martín Lozada. Lozada y el fiscal Francisco Arrien estuvieron el lunes 19 de octubre al frente del desalojo de un campo de El Foyel a 75 kilómetros de esta ciudad.
Una de la cabañas vandalizadas en Villa Mascardi pertenecientes a la Iglesia.
“Hemos buscado por todos los medios restituir el predio de manera pacífica pero la tarea fue infructuosa, por lo cual formulamos este reclamo legal y pedimos que tal restitución se produzca bajo un estricto protocolo de desalojo dispuesto por la Fiscalía General que ya arrojó resultados positivos días atrás en la zona de El Foyel”, expresó Cendón en la audiencia.
La fiscal denunció ante el juez Arroyo a un grupo de personas como los usurpadores, quienes también resultan los principales sospechosos de la ocupación de Mascardi que comenzó en noviembre de 2017. En este predio murió Rafael Nahuel (22) el 25 de noviembre de aquel año en el marco de un enfrentamiento entre los mapuches y Prefectura Naval Argentina.
La fiscal formuló cargos contra Betiana Colhuan, Yéssica Bonnefoi, Johana Colhuan, María Nahuel, Luciana Jaramillo, Romina Rosas, Cristian Colhuan, Maira Tapia, Juan Pablo Colhuan, Gonzalo Coña. La acción solo prosperó en el caso de cuatro de las mujeres porque los demás no pudieron ser “debidamente notificados”. Betiana es la “machi” de la comunidad, en tanto que Johana es la ex soldado voluntaria de la Escuela Militar de Montaña herida en un hombro el mismo día en que murió Nahuel. Se especula que desde entonces vive en la toma.
En la redes comenzaron a correr mensajes agresivos contra la fiscal Cendón. “Beatiana Cendón antiderechos, que criminaliza la pobreza y encubre machos violentos, hoy autoriza desalojo de comunidad mapuche.Esta fiscal quiere concursar para perpetuarse en el poder. Evitemoslo!”. “Fuera Cendón de nuestros cuerpos y territorios”, indica el texto que lleva una fotografía de la funcionaria.
La Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina que representa a la lof también se explayó respecto de la fiscal, la abogada, la Iglesia y la provincia.
“El Obispado de San Isidro fue beneficiado por la Campaña de Roca primero y luego, por las nuevas instituciones del Estado Argentino que repartieron las tierras mapuche a los oligarcas y a la Iglesia. Así, este Obispado de la muy rica zona norte de Buenos Aires se hizo de tierras mapuche en la zona del lago Mascardi”, indican en un comunicado.
“(Los términos de la acusación), obviamente acordados con los racistas y supremasistas blancos de Bariloche y con sus jefes, la gobernadora Carreras y su banda, es lo que explica la resolución de jueces y fiscales de Bariloche de producir la audiencia de cargos y de inmediato ordenar el desalojo”, sigue el documento.
La tensión aumenta en el sur en un contexto en que los ataques, las denuncias y las réplicas no cesan.
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