El plebiscito en Chile: un quiebre con la historia y una apuesta a las instituciones

salir de la más profunda de sus crisis desde 1973 fue institucional: un plebiscito democrático, donde los ciudadanos votaron sobre su sociedad desde la base, su propia Constitución. Y la aprobación fue arrolladora.

El 12 de noviembre quedará marcado en este capítulo. Esa tarde, la más violenta de ese mes, el presidente Sebastián Piñera debió tomar una decisión: escuchar a dirigentes de su sector y desplegar –nuevamente- las fuerzas militares en las calles; o buscar un acuerdo transversal con la oposición. El mandatario ha reconocido que esa noche fueron sus horas más difíciles. “La noche del martes 12 de noviembre del año pasado marcó un punto de inflexión”, señaló en su cuenta pública hace un par de meses.

Tres días después, de madrugada, en el Congreso se sellaba el histórico y transversal acuerdo que dio paso a un plebiscito constituyente. Más de 13 millones de chilenos podrían responder si desean o no cambiar su Constitución y qué mecanismo prefieren para hacerlo. Una consulta que estaba originalmente prevista para el 26 de abril, pero apareció el Covid 19 y la emergencia sanitaria, lo que llevó al inevitable aplazamiento del referéndum.

Los distintos poderes del Estado e Instituciones del país están cuestionados. Ni hablar de los políticos. En el corazón de las protestas yace una profunda crisis de confianza y la sensación de que existen grupos con privilegios que resuelven los destinos del país sin considerar la realidad social de la clase media y los sectores populares. En el análisis que congresistas realizaron la noche en que suscribieron el acuerdo –en el que estuvo presente Clarín-, se reiteraba un mismo concepto: “la salida democrática”.

Latinoamérica se ha caracterizado por procesos de cambios traumáticos y Chile, en particular, casi de manera cíclica ha tenido episodios sociales complejos cada cuatro décadas (1891,1925,1973 y 2019). Ninguno, antes que éste, ha podido ser resuelto sin un quiebre institucional. Esa fue la apuesta de sus dirigentes.

No ha sido fácil. La amenaza de la violencia en las calles se mantiene vigente. El pasado 18 de octubre, cuando se conmemoró un año del estallido social, dos Iglesias ardieron en el centro de la capital y se registraron nuevamente saqueos y barricadas en distintas ciudades del país. Esta vez la condena fue transversal y los grupos de violentistas parecen ir quedándose aislados.

Ante la crisis de confianza, las demandas sociales y la amenaza de la violencia, los chilenos votaron con mascarilla y portando una birome, la que cada uno debió llevar.

La derecha “socialdemócrata”

“Yo me considero cada día más socialdemócrata”, dijo Joaquín Lavín, alcalde del municipio de Las Condes, y líder de las encuestas presidencialespor parte de la derecha. Lavín, ex candidato presidencial en 1999 y 2005, es considerado un “Chicago Boy”, como se les conoce a las generaciones de economistas chilenos que asistieron a la casa de estudios donde imparte cátedra Milton Friedman e instalaron políticas económicas de corte neoliberal durante la Dictadura de Augusto Pinochet.

El vuelco de Lavín se condice con el diagnóstico de diversos dirigentes de centro izquierda y centro derecha: Chile no va a renunciar al modelo de economía liberal abierta, pero debe proteger, con mayor intervención del Estado, derechos sociales como salud, educación y las jubilaciones, garantizando nuevos estándares de dignidad.

Para el ex presidente Ricardo Lagos, quien ha reconocido admirar a la socialdemocracia europea por el equilibrio entre el desarrollo económico y el bienestar social, la ruptura se produjo porque el avance económico y social de los chilenos en los últimos 30 años, tras la caída de la dictadura, “no se condijo” con la respuesta del Estado a una sociedad con más recursos y más exigente.

Los análisis apuntan, en general, a que Chile saldría con una Constitución moderada de un eventual proceso constituyente, exigiéndole al Estado mayores garantías sociales, pero manteniendo en el ideario de la nación una robusta protección al emprendimiento privado, el derecho de propiedad y la libre circulación de los bienes.

Si bien la ciudadanía eligió que dicho órgano este compuesto por un 100% de integrantes electos, todos los artículos del nuevo texto legal deben contar con 2/3 de los votos de los constituyentes para ser aprobados. Es decir, izquierdas o derechas debiesen lograr el 66% de los cupos en la convención para imponer su visión ideológica. Algo que parece lejano, sino imposible.

Si bien se ha facultado a candidatos independientes para que puedan hacer listas entre ellos, lo cierto es que la mayoría de los postulantes serán llevados por los partidos políticos, con una exigencia: el órgano constituyente será paritario. Se prevé que ningún sector obtendrá una abrumadora mayoría y se deberán forzar acuerdos.

Los ojos de diversos medios y politólogos del mundo están puestos en este proceso, en lo que podría transformarse en una nueva vía para resolver las crisis políticas en esta parte del hemisferio.

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