Cruz a favor de “Austral Construcciones”.”/>
El Tribunal Oral a cargo del juicio por presuntos delitos con la obra pública nacional en Santa Cruz ratificó hoy como querellante a la Oficina Anticorrupción (OA) y rechazó pedidos de las defensas para que el organismo deje de ejercer el rol acusador.
Los planteos de los abogados, entre ellos los del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, se hicieron al principio de la audiencia del juicio oral, basados en la resolución del titular de la OA de retirar al organismo como querella en causas penales.
“El Tribunal entiende que no ha existido voluntad expresa del organismo querellante en cuanto a desistir del rol. La resolución administrativa ratifica expresamente su intervención y deja planteada una decisión a futuro, que no tiene consecuencias a la fecha”, concluyeron los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.
“La OA es o no es querellante, o asume ese rol o se aparta, no podemos permitir que sea un querellante a medias””
Mario Ganora – abogado de Raúl Daruich
Los abogados de De Vido, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, aludieron al principio de “igualdad de armas” y advirtieron que según la resolución firmada por el titular de la OA, Félix Crous, el organismo dejaría de ser querellante en el juicio cuando finalice la etapa de prueba, es decir, las declaraciones de los testigos.
“Su presencia en los expedientes o no, una vez manifestado el desestimiento, debe ser operativa inmediatamente, no pudiendo supeditarlo a una condición como la finalización eventual del pedido de prueba”, agregó el abogado Palmeiro.
En caso de concretarse esta decisión, la OA no formularía alegato final en el debate que se sigue a la expresidenta Cristina Kirchner, De Vido, al empresario Lázaro Báez y al exfuncionario de Planificación José López, entre otros.
“No podemos admitir cuestiones políticas cuando está en juego la libertad de las partes. La OA es o no es querellante, o asume ese rol o se aparta, no podemos permitir que sea un querellante a medias”, agregó por su parte el abogado Mario Ganora, del exfuncionario de Vialidad Raúl Daruich.
“Nos ha sido instruído que continuemos en esta causa como así también en otras dos querellas en etapa de juicio””
Juan Carlos Duré – abogado de la Oficina Anticorrupción
Los planteos fueron apoyados por la defensa de Báez, la del extitular de Vialidad de Santa Cruz, Héctor Garro, entre otros.
El abogado de este último, Mariano Fragueiro Frías, informó al Tribunal su “oposición general” a todos los interrogatorios que la querella de la OA haga a los testigos.
A la hora de rechazar los pedidos de “excepción de falta de acción” de las defensas para que se la aparte del juicio, la OA negó que haya “deslealtad procesal”.
El organismo desistió de su rol de querellante en dos tramos de la causa Vialidad que aún no llegaron a juicio oral pero la resolución firmada por Crous prevé “expresamente” la continuidad en el debate durante la etapa de producción de prueba.
“No afecta el derecho constitucional ni el debido proceso”, advirtió el abogado de la OA Juan Carlos Duré.
La querella en el juicio Vialidad “no tiene ninguna instrucción para desistir en esta causa. Nos ha sido instruído que continuemos en esta causa como así también en otras dos querellas en etapa de juicio”, sostuvo.
“No afecta el derecho constitucional ni el debido proceso””
Juan Carlos Duré
La postura fue respaldada por el fiscal de juicio Diego Luciani.
“Estamos viendo que se aprovecha la oportunidad para reeditar algunas cuestiones que ya fueron resueltas”, expresó en la audiencia.
“Hay una situación a futuro pero en el mientras tanto no hay ningún inconveniente en que siga interviniendo. No veo afectación a derecho ni garantía constitucional””
Diego Luciani
El fiscal sostuvo que “más allá de la sorpresa de los términos de la resolución, lo cierto es que el accionar de la OA se ajusta a lo que está mencionado justamente en esta resolución”.
“Hay una situación a futuro pero en el mientras tanto no hay ningún inconveniente en que siga interviniendo. No veo afectación a derecho ni garantía constitucional”, concluyó.
El juicio debate el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor de empresas de Báez como “Austral Construcciones” entre 2003 y 2015 y supuestos sobreprecios e incumplimientos de obra.
