El subsidio “búmeran” que puede alentar más tomas

a personas vulnerables para evitar las tomas y, a la vez, ingresó en la posibilidad de un tercer fracaso en el desalojo de las tierras usurpadas en Guernica, con el argumento de las condiciones climáticas desfavorables.

De esta manera, no termina de disuadir las usurpaciones. Puede haber buenas intenciones, pero el primer prejuicio contra el plan de subsidios es la certeza de que la asistencia bajo apremio puede determinar que más personas se animen a las tomas. El otro es más gravoso: el ministro Sergio Berni asegura tener 4.000 efectivos dispuestos a cumplir el lanzamiento judicial, pero nunca llega al plano resolutivo. El Estado como monopolizador de la fuerza pública, y auxiliar de la Justicia, termina pidiendo más tiempo.

Otra vez, la conclusión es dicotómica. Ambigua. Porque los $ 54 millones que la administración provincial pondrá para los subsidios pueden evanecerse en la tormenta de intereses y en un mar de necesidades sociales. Sólo en el Gran Buenos Aires hay 1.797.107 personas por debajo de la línea de indigencia.

A ellas hace referencia el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, cuando menciona el decreto reglamentario publicado en el Boletín Oficial. Dice que es pensando “en el Conurbano”. Hay un millar en ese territorio de contrastes. Más de 1.800 en toda la Provincia. En la localidad de Los Hornos, en La Plata, permanece desde enero la mayor ocupación de tierras (150 hectáreas). Con orden de desalojo suspendida. El compromiso es plan habitacional, subsidios u otras alternativas. Nadie se mueve.

En Guernica tampoco porque el último foco de resistencia encontró la fórmula: “Tierra por tierra”. Es decir el 10 x20 ocupado por otro 10×20 en terrenos del municipio, en este caso Presidente Perón. Representa un cepo para el Gobierno provincial porque no tiene disponibilidad de terrenos, al menos hasta dentro de seis meses. Habrá que ver hasta cuándo resiste la extorsión y cuánto los extorsionadores.

De tales contraprestaciones y de la pulsión que ello provoca, la Justicia anida. Empolla en un contexto más amplio, complejo e institucional, como la tomas de tierras en Mascardi, El Poyel y el reciente caso de Entre Ríos, que de disputa familiar torno a estruendo político por la presencia de Juan Grabois, ligado al Gobierno nacional, como presagiante de acontecimientos de similar naturaleza polémica.

En ese amasijo confuso, las propias palabras del propio Larroque quedan relegadas, por su insuficiencia. El ministro dice reivindicar “el derecho de propiedad”. Además se comportó orillando el sacrilegio partidario al coincidir con Horacio Rodríguez Larreta sobre este derecho constitucional. “Estoy totalmente de acuerdo con Larreta en eso. A veces se instalan los temas o se pretende llevar a quienes estamos en un espacio político a un lugar de cuestionamiento de propiedad privada que no está en nuestras cabezas”, fue la argumentación.

Pero, resulta un pronunciamiento ahogado. Por lo menos a la luz de otros dichos oficiales, como el del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para quien se identifica un delito de usurpación sólo con sentencia firme. No antes. Un experimento de dudosa juridicidad que convalidaría Guernica. Al que Kicillof debe enviar la Policía. Una forma de interpelación de las palabras con los hechos.

Aunque esta vez, muy cerca de la hora de la verdad.

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