El perito informático Diego Lagomarsino sostuvo que “no tuvo justificación” que le colocaran en su momento una tobillera electrónica en el marco de la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman.
Así lo señaló luego de que el juez federal Julián Ercolini resolviera que Lagomarsino ya cumplió con todas las disposiciones que estableció la Justicia sobre el uso de ese instrumento de geolocalización individual.
De esta forma, accedió a un planteo de Lagomarsino, quien argumentó que usaba la tobillera desde 2017, lapso que supera el límite de dos años que pueden tener las medidas de coerción procesal de carácter cautelar.
“La tobillera no tuvo justificación; lo resolvió el juez Ercolini porque me quería tener a mano, pero pasaron tres años y no hay nadie que tenga una tobillera como medida preventiva”, expresó Lagomarsino sobre la determinación judicial en el marco de la causa que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman.
En un reportaje concedido a El Destape Radio, dijo que “la hipótesis de homicidio de Nisman fue acompañada fuertemente por un dictamen de Gendarmería” pero esos peritos “dijeron que lo de Nisman fue un asesinato y no declararon bajo juramento, en cambio, los que no encontraron elementos para decir eso, sí lo hicieron bajo juramento”.
“Los que saben del tema dicen que Gendarmería hizo un bochorno y van a tener una mancha internacional por el peritaje de Nisman”, agregó.
Para Lagomarsino, “se mintió mucho en esta causa” y mencionó un “libro del diputado de Juntos por el Cambio Waldo Wolff, que seguramente se lo dictaron porque no leyó ni el expediente”.
Ercolini fundamentó su decisión en que Lagomarsino “se mantuvo a derecho”, al cumplir con todos las imposiciones de la Justicia, permaneció dentro del límite de los 100 kilómetros restrictivos para su desplazamiento y colaboró con la correcta utilización de la tobillera”.
Ercolini, a cargo del juzgado federal número 10, consideró además que no hubo oposición al pedido de la defensa por parte del fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación, ni del abogado Pablo Lanusse, patrocinante de la madre de Nisman en la causa, aunque ambos se pronunciaron por reemplazar la tobillera por otra.
No obstante, Lagomarsino deberá cumplir con otras medidas, como la prohibición de salida del país, no alejarse de su domicilio por más de 24 horas sin aviso, avisar cambios de residencia, y presentarse ante el tribunal cada 15 días, medida que se retomará cuando finalice la cuarentena.
Nisman, en ese momento a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado a la Amia, fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza el 18 de enero de 2015 en el baño de su departamento situado en Puerto Madero.
Lagomarsino quedó imputado en la causa por haber sido quien le entregó al fiscal la pistola de la cual salió el disparo que le causó la muerte.
