Entre finales de 2018 y comienzos del 2019, el juez Julián Ercolini envió a juicio oral a Cristina, Máximo y Florencia Kirchner por el delito de lavado de dinero. La
maniobra, sostuvo la acusación, se replicó en dos estructuras: por un lado simular alquiler de inmuebles a través de Los Sauces SA, y por otro, la misma metodología pero con instalaciones hoteleras con la firma Hotesur. La justicia concluyó que entre 2009 y 2015 se blanquearon cerca de 120 millones de pesos. Las causas, unificadas, están en el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), donde estiman que el debate oral no podrá iniciar sino entre finales de 2021 y el primer trimestre de 2022. Para entonces habrán pasado las elecciones de medio término.
El ofrecimiento de pruebas es un paso previo a que se ponga fecha definitiva de arranque del juicio. Esta etapa concluyó en Los Sauces el año pasado. Pero durante el 2020 los jueces ordenaron realizar una pericia en Hotesur SA a pedido de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y otros acusados. Ese trabajo aún no inició, ya que a raíz de la cuarentena por el Covid 19 las tareas quedaron en suspenso hasta que el Tribunal -por pedido del fiscal Diego Velasco- ordenó que se retomen los trabajos de forma online. Pero según pudo saber Clarín, el trabajo no comenzó ya que “aún se encuentran digitalizando toda la documentación”.
Hasta que ese informe pericial que analizará los contratos celebrados entre Lázaro Báez -que administró los hoteles de los Kirchner hasta 2013- y Hotesur no termine, tampoco se podrá dar por concluida la etapa de ofrecimiento de prueba. El caso de Los Sauces, indicaron fuentes del caso, “está mucho más avanzado”, indicaron a Clarín.
En la justicia estiman que hasta mitad del próximo año no estará concluida toda la prueba. Recién entonces el Tribunal integrado por los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Adrián Grünberg deberá decidir a qué testigos aceptará en las audiencias orales. El fiscal Velasco había sugerido más de cien personas para que pasen por el estrado.
A este ritmo, calculan que como muy pronto el juicio podrá comenzar entre el ultimo tercio del año próximo y el primer trimestre del 2022, es decir, cuando las elecciones de medio término ya hayan pasado.
En estas dos causas se investigaron los negocios familiares. Por un lado, en Hotesur -firma dedicada al rubro hotelero- se analizaron los negocios con Lázaro Báez, responsable de administrar tres hoteles de la familia Kirchner. En el caso de Los Sauces, se planteó una estructura de lavado de activos a través de la simulación de alquileres de propiedades que administraba esa inmobiliaria familiar.
El delito se habría cometido con un mismo modus operandi: los gobiernos de Cristina y Néstor Kirchner beneficiaban a los empresarios K con negocios públicos y estos presuntamente les hacían retornos indebidos y millonarios a través de alquileres de viviendas (Los Sauces) o la contratación de habitaciones de hoteles (Hotesur).
Los Sauces y Hotesur fueron investigadas por los contratos celebrados esencialmente con los empresarios K Lázaro Báez y Cristóbal López. En el caso de la inmobiliaria, se estimaron operaciones por encima de 30 millones de pesos, y con la empresa hotelera la justicia cree que se blanquearon unos 80 millones de pesos.
En la acusación, el fiscal Gerardo Pollicita remarcó: “desde la lógica de la imputación penal, ambas sociedades, Hotesur y Sauces, fueron adquiridas con idéntico fin: canalizar y reciclar fondos con apariencia de legalidad”.
Asimismo, estos dos expedientes quedaron vinculados a la defraudación en la obra pública a favor de Lázaro Báez. La Cámara federal porteña indicó que la corrupción en dicho expediente es el delito precedente de las investigaciones por lavado de activos, es decir, que una porción del dinero que el empresario K percibió por parte del Estado, se derivó a los alquileres de las empresas de los Kirchner y finalmente, al patrimonio de los ex Presidentes.
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