Gatillo fácil: los tres puntos clave del nuevo protocolo para la Policía de Córdoba

gatillo fácil de un adolescente en medio de operativos con uso desproporcionado de la fuerza.

Los cuestionamientos habían empezado en agosto, cuando Valentino Blas Correas (17) fue asesinado por la espalda cuando viajaba en un auto con cuatro amigos en el centro de la capital cordobesa.

Su posterior encubrimiento terminó dejando 13 policías imputados por el homicidio, por el intento de homicidio contra dos amigos de Blas, por plantar un arma en la escena para simular un enfrentamiento y por apremios ilegales por golpear al conductor del vehículo, otro adolescente.

Las manifestaciones y la conmoción por el homicidio de Blas volvieron a repetirse cuando se conoció la muerte de Joaquín, por la que detuvieron a cinco policías.

Ese reclamo aceleró la presentación de un nuevo protocolo de uso de la fuerza que ya estaba siendo diseñado para operativizarse en la provincia.

Este martes el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, lo presentó y habló de “tolerancia cero” para aquellos que no cumplan el nuevo protocolo de uso legal y racional de la fuerza.

Tres puntos clave

• El nuevo protocolo establece la prohibición del uso de la fuerza en diez casos.

Por ejemplo, no lo permite en casos de​ “hostigamiento, entendido como el conjunto de prácticas que constituyen las relaciones entre el personal policial y la ciudadanía. Son formas de abuso cotidianas que integran las rutinas burocráticas de las fuerzas de seguridad tales como controles excesivos, malos tratos verbales, pedido de documentos, explicaciones de circulación y requisas fundados en criterios discriminatorios basado en razones de nacionalidad, expresión o identidad de género, origen étnico, religión, ideología, edad, sexo, orientación sexual, caracteres físicos, discapacidad o condiciones sociales, laborales o económicas”.

También rechaza la posibilidad de usar maniobras que “impliquen un riesgo de vida para las personas” y disparar “hacia una multitud”, como hicieron durante el operativo en el que mataron a Joaquín Paredes.

Otra de las prohibiciones está vinculada al homicidio de Blas Correas y rechaza la posibilidad de tirar “desde o hacia vehículos en movimiento”, excepto que “se encuentre en riesgo inmediato, inminente y grave la vida del personal policial o la de terceras personas”.

Además, prohíbe que se dispare cuando hay riesgo para terceros, cuando se pretenda controlar a personas que “solamente se encuentran causando daños materiales” o para detener a personas que “solo puedan generarse daño a sí mismos”. O tirar a quien incumpla una orden verbal, excepto si hay riesgo para terceros.

Tampoco está permitido “desenfundar o manipular un arma de fuego a menos que su uso potencial en la situación sea adecuado al protocolo, o si las circunstancias claramente requieren el uso del arma para controlar una situación peligrosa para la vida”.

• Protección de la vida

El otro eje del nuevo protocolo refiere al principio de “protección de la vida” y exige al personal policial que no use su arma “en caso de duda”.

• Denuncias

Por último, el nuevo manual propone obligación de denunciar al personal policial que hubiere participado o hubiere tenido noticia de un procedimiento en el cual se haya hecho uso de la fuerza presuntamente excesivo, en contradicción con las disposiciones del presente protocolo.

El personal tiene la obligación de denunciar el hecho a la oficina correspondiente del Ministerio Público Fiscal. Asimismo, deberá informar al Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario o al organismo que en su futuro lo reemplace, pudiendo hacerlo de manera anónima si las circunstancias así lo requieren.

EMJ