Eduardo Casal sigue en la mira del kirchnerismo que busca un jefe de los fiscales a su medida

los fiscales más afín a sus intereses. Los últimos movimientos del oficialismo en el Senado que comanda Cristina Kirchner apuntan a modificar la Ley del Ministerio Público Fiscal para bajar las exigencias en la elección del nuevo Procurador que ya no necesitaría de los dos tercios de los votos necesarios para ser avalado en su cargo.

Esos movimientos generaron la reacción de la oposición que busca ahora negociar el apoyo del candidato que había propuesto para esa cargo, el juez Daniel Rafecas, con el argumento de que sería el mal menor frente a la posibilidad de que el kirchnerismo duro termine poniendo una figura más afín a sus intereses.

Pero más allá de esas negociaciones, la situación de Casal es compleja. Viene recibiendo embates del oficialismo que desconfía de su figura porque consideran que tiene vínculos con el macrismo que Casal suele negar.

El Procurador interino asumió en 2017 tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó. En su momento, Mauricio Macri había impulsado el pliego de Inés Weinberg de Roca, pero el peronismo nunca le dio el número en el Senado para su designación. Así, Casal se convirtió en el Procurador que de manera interina más estuvo en su cargo.

La última avanzada para correr a Casal apunta a la modificación de la elección del Procurador. El que la impulsó fue el senador Oscar Parrilli que promovió en el Senado el debate de dos iniciativas de la oposición para acortar el mandato del Procurador. Si el Kirchnerismo consigue, además, que se elija al jefe de los fiscales sin los dos tercios ahora necesarios, no solo lograría sacarse de encima a Casal sino que quedaría habilitado a impulsar a uno propio para ese cargo. Rafecas, el candidato que había propuesto el Presidente, ya avisó que se bajaría de su candidatura si se modifican los votos necesarios para elegirlo. 

En la lista de posible sucesores, según las sospechas de la oposición, aparece Indiana Garzón, la fiscal general de Santiago Del Estero, la provincia que gobierna Gerardo Zamora.

Pero Casal también sufrió un fuerte desgaste en el Congreso. Hace dos meses, en la comisión bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal que preside el kirchnerista Martín Doñate, desfilaron una docena de abogados y ONG’s que cuestionaron la conducta del Procurador por las designaciones que realizó, la política disciplinaria que aplicó y los manejos presupuestarios del organismo.

Tras ese encuentro giraron en tiempo récord las denuncias a la comisión de Juicio Político en Diputados que es presidida por la oficialista Josefina González que además es integrante de La Cámpora. El juicio político es casi imposible que avance porque el oficialismo no tiene los votos para motorizarlo, pero el efecto desgaste nunca cesó.

Por esos días, se presentó en esa misma bicameral la fiscal Gabriela Boquín -tiene la causa del Correo Argentino contra la familia Macri- que denunció una “persecución” en su contra encabezada por Casal. La “persecución” a la que hacía referencia Boquín estaba vinculada con el sumario que le había iniciado el Procurador por una serie de denuncias de maltrato y acoso laboral contra empleados de su fiscalía.

Por ahora, Casal sigue en su cargo y resiste las presiones K. Aunque sabe que se empieza a acortar su estadía en el Procuración. Dependerá de si la oposición logra abroquelarse para apoyar la postulación de Rafecas, como impulsa Elisa Carrió.