Miguel Etchecolatz y otros 17 represores serán indagados este martes por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, por las torturas, homicidios, abusos sexuales y ocultamiento de menores cometidos contra casi 500 víctimas alojadas, durante la última dictadura, en los centros clandestinos conocidos como Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno.
El TOF, integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico, comenzó el 27 de octubre último, por videoconferencia, el juicio unificado por los delitos cometidos en los tres centros y mañana está previsto que sean indagados los 18 imputados, confirmó a Télam una fuente judicial.
El tribunal indagará por los delitos cometidos en los Pozos de Banfield y de Quilmes al ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; al exdirector de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz; al exmédico policial Jorge Antonio Berges; y a Federico Minicucci; Carlos Maria Romero Pavón, Roberto Balmaceda; Jorge Di Pasquale; Guillermo Domínguez Matheu y Ricardo Fernández.
También se prevé que se tome indagatoria a los represores Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti.
Por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro El Infierno, que funcionó en la Brigada de Lanús, también están imputados y serán indagados Etchecolatz, Berges, Smart y el expolicía Miguel Angel Ferreyro.
Etchecolatz será indagado mañana por la privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones en el Pozo de Banfield, en 116 casos, agravada por haberse realizado con violencias o amenazas y por haber durado más de un mes, además de la aplicación de tormentos a un perseguido político.
Además, se le atribuyó a Etchecolatz “en su carácter de Director de la Dirección General de Investigaciones, haber formado parte de un aparato organizado de poder que sustrajo, retuvo y ocultó a los siguientes niños y niñas menores de diez años: María José Lavalle Lemos y Martín Ogando Montesano, quienes permanecieron detenidos ilegalmente” en el Pozo de Banfield, según consta en la requisitoria de elevación a juicio.
También se le imputó el homicidio calificado por haberse cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, en perjuicio de 5 personas; y el abuso sexual con acceso carnal haciendo uso de fuerza e intimidación agravado por resultar un grave daño en la salud de la víctima y por cometerse con el concurso de dos o más personas, en perjuicio de Nélida Ester Lastreto y Valeria del Mar Ramírez, la primera trans querellante en este juicio.
Por su actuación en el Pozo de Quilmes, Etchecolatz deberá responder por los delitos de privación ilegal de la libertad (agravados) en 93 casos.
La requisitoria de elevación a juicio por lo ocurrido en ambos Pozos y en El Infierno imputa al represor “delitos contra el Derecho de Gentes, en particular como Crimen de Genocidio y delitos de Lesa Humanidad de manera concurrente o alternativamente”.
En el caso de El Infierno, Etchecolatz está acusado por “el homicidio calificado por haberse cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas” de Luis Adolfo Jaramillo y la privación ilegal de la libertad (también agravada) en 61 casos.
El juicio unificado por los tres centros comenzó el 27 de octubre último y en esa primera audiencia, donde el ministerio público estuvo representado por los fiscales Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira, se leyeron las requisitorias de elevación a juicio y se caracterizaron cómo funcionaron los tres centros.
En el Pozo de Banfield y el de Quilmes, dos de los centros clandestinos de detención más grandes que funcionaron en la provincia de Buenos Aires, se investigan los delitos sufridos por 429 víctimas y se prevé que declaren unos 400 testigos.
En dichos centros estuvieron cautivos los estudiantes platenses secuestrados en septiembre de 1976 en La Plata, en un hecho conocido como La Noche de los Lápices.
Además en el Pozo de Banfield funcionó una “maternidad clandestina” por lo que también se juzga la sustracción, retención y ocultamiento de al menos 7 menores que estuvieron detenidos ilegalmente en ese lugar.
Con respecto a El Infierno que funcionó en la Brigada de Investigaciones de Lanús, ubicada el partido de Avellaneda, se juzgan delitos cometidos en perjuicio de 62 personas que fueron ilegalmente privadas de su libertad y sometidas a diversos tormentos y vejaciones y se juzga el homicidio de Luis Adolfo Jaramillo.
