Hace hoy 25 años atrás una serie de explosiones intencionales ocurridas dentro de las instalaciones de la planta de Fabricaciones Militares -en un hecho según la Justicia destinado a encubrir un faltante de
armas y municiones que había salido del país por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia- provocaron 7 muertos, 300 heridos y destrozos en la ciudad de Río Tercero, Córdoba.
Unos días después de la voladura el expresidente Carlos Menem visitó el lugar de la tragedia y dijo a los que periodistas que había sido “un accidente”. Sin embargo, Menem será indagado el 24 de febrero próximo en el tribunal oral federal 4 (TOF 4) de Córdoba para determinar si tuvo tuvo alguna responsabilidad en la orden de ejecutar de esas explosiones. El ex senador Eduardo Menem se quejó de la convocatoria y dijo que el TOF 4 debería haber esperado que la Corte Suprema de Justicia de la Nación decida si confirma la condena de su hermano en la causa madre de este caso.
“Fue un hecho de una gran gravedad en el que hubo responsabilidades políticas que todavía debemos determinar. Hubo una estructura de poder que estuvo detrás de esas explosiones y eso es lo que determinó la justicia”, señaló en declaraciones a Télam el abogado querellante Horacio Viqueira, quien representa a la querella junto a Ricardo Monner Sans.
El abogado representa a María Eugenia y María Julia, las hijas de Ana Gritti -esposa de Hoder Dalmasso, muerto el día de las explosiones-, quien impulsó durante años la investigación casi en soledad, hasta su fallecimiento en 2011.
Las dos primeras detonaciones se produjeron en la planta de descarga y la tercera, y más importante, tuvo lugar en el depósito expedición y suministros. La Justicia determinó, con un peritaje, que el trotyl almacenado no podría haberse encendido por la chispa de un sampimóvil o de una colilla de un cigarrillo, sino por un detonador.
De esta forma, miles de proyectiles acumulados en los polvorines de la fábrica se esparcieron por los barrios de Escuela, Las Violetas, Libertador y Cerino, causando también grandes daños materiales.
“El primer indicio de la intencionalidad tiene que ver con la hora en la cual comenzaron las primeras explosiones. Fue justo cuando el personal de la Fábrica suspendía sus tareas para tomar un desayuno. Ese momento, se aprovechó para desatar las explosiones”, indicó Viqueira.
En un principio, la justicia cordobesa orientó la investigación hacia la hipótesis de un accidente, ocasionado por un desperfecto en la manipulación de un montacarga que había determinado que un tambor con trotyl se prendió fuego y se extendió a otros que contenían ese explosivo.
La investigación judicial, en base a testimonios de los empleados, estableció que la noche anterior al estrago hubo personas no identificadas que ingresaron en las instalaciones de Fabricaciones Militares, con el objetivo de “acondicionar los elementos iniciadores del fuego, como asimismo disponer los detonadores y reforzadores necesarios para provocar horas más tarde las letales explosiones”.
Otra prueba de la intencionalidad que estableció la Justicia fue la direccionalidad de las explosiones, cuyas ondas expansivas se dirigieron al sur y al este, donde se encontraban los empleados y el polo petroquímico de Río Tercero, que no fue alcanzado por los proyectiles que volaron por el cielo de la ciudad, dijo Viqueira.
¿Qué se pretendió ocultar con las explosiones? Entre 1991 y 1995, el entonces presidente Carlos Saúl Menem firmó tres decretos ideológicamente falsos para vender armas a Panamá y Venezuela, que sin embargo terminaron en Ecuador y Croacia en operaciones de triangulación según una investigación de Clarín luego confirmada por la Justicia.
El primero en vincular el contrabando de armas con esos países en guerra fue el fiscal Carlos Stornelli. Pero sus superiores dividieron la investigación y así la voladura fue a Córdoba y la causa madre que, al principio, en Comodoro Py. Ecuador se encontraba en guerra con Perú por la cordillera del Cóndor y Croacia con Serbia en la guerra por la participación de la ex Yugoslavia. Incluso, Menem había mandado cascos azules a los Balcanes dentro de una operación de las Naciones Unidas.
Urso dispuso la prisión preventiva de Menem en el 2001 por la causa madre. Pero luego la Corte, donde el ex presidente tenía una “mayoría automática”, dispuso su excarcelación, entre otras medidas, que provocaron que el caso pasara al fuero en lo penal económico, entre otras idas y venidas. La Cámara Federal de Casación Penal en 2018 dictó la absolución de Menem por el vencimiento del “plazo razonable” para juzgarlo pero el fiscal Raúl Pleé apeló y la Corte tiene ahora que dar su última palabra al respecto en este largo juicio.
Stornelli determinó, en la causa que instruyó el fallecido juez federal porteño, Jorge Urso, que entre 1991 y 1995 cañones, obuses y proyectiles, eran retirados de unidades del Ejército para ser llevados a la planta de Río Tercero con el pretexto de ser reparados. Pero, en realidad, se les borraba a los cañones el número de serie y el escudo argentino, se los embalaba y enviaba a Buenos Aires. Los equipos de guerra para Croacia iban al puerto de Buenos Aires y los destinados a Ecuador al aeropuerto de Ezeiza, donde se los transportó en aviones.
Además, hubo diferencias entre las toneladas de armas y municiones embarcadas y los registros de Fabricaciones Militares. Los barcos, como el Rijeka Express, transportaron más toneladas de los que decían los permisos de embarque. Por eso, según Stornelli, era necesario provocaron una explosión en Río Tercero.
“Todo esto llevó a que se intentara ocultar la maniobra de contrabando y por esa razón tuvimos el estrago de Río Tercero”, apuntó Viqueira.
Una pericia contable incorporada a la causa determinó que al momento del siniestro, faltaban entre 24 mil y 49 mil municiones de la fábrica, según el inventario. Es decir, que al margen del contrabando, una parte había sido enviada totalmente en negro.
Con todos estos elementos, el Tribunal Oral Federal Número 2 de Córdoba condenó por estrago doloso seguido de muerte a Edberto González de la Vega, coronel retirado y director de Coordinación Empresaria de Fabricaciones Militares, a 13 años de prisión; a Carlos Franke, coronel retirado y director de Producción de Fabricaciones Militares, a 13 años; a Jorge Antonio Cornejo Torino, coronel retirado y director de la Fábrica Militar de Río Tercero, a 13 años; y a Marcelo Gatto, mayor retirado y jefe de la División Producción Mecánica a 10 años.
La sentencia fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal y fue apelada por un recurso extraordinario ante la Corte Suprema Suprema, que deberá decidir si la deja firme.
“Vamos a tratar de determinar en ese juicio la responsabilidad de las autoridades de Fabricaciones Militares y del poder político. Esa línea es la que vamos a trabajar en el debate”, afirmó Viqueira.
Armas: allanaron la fábrica militar de Río Tercero
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