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La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió ser querellante en una causa sobre asociación ilícita y evasión fiscal a través de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) en Córdoba.
La causa “Vieyra Ferreyra”, que se tramita ante el Juzgado Federal de Córdoba a cargo de Ricardo Bustos Fierro, investiga una asociación ilícita destinada a cometer, facilitar y colaborar en la comisión de ilícitos tributarios, informó la UIF.
El organismo trabaja con la hipótesis de que “debe investigarse también el delito de lavado de activos y el modo en que las sumas generadas por esta mega estafa fueron reingresadas al circuito formal, dada la cuantiosa evasión de tributos llevada adelante por esa organización delictiva que generó grandes beneficios económicos”.
“Dichas conductas se habrían materializado en dos formas: a través de la emisión y venta de facturas manuales y/o electrónicas apócrifas a su nombre, a nombre de otras personas físicas – con o sin su consentimiento –, o de personas jurídicas integradas por cualquiera de ellos”, indicó la UIF.
Detalló que esto se habría realizado “utilizando sus claves fiscales y sin tener la capacidad económica en general para proveer servicios y/o productos –denominadas ‘usinas’– o en particular los servicios y/o productos facturados – denominadas ‘usinas mixtas’”.
Por otro lado, se habría concretado “a través de la copia de facturas verdaderas de contribuyentes con capacidad económica a las cuales se les cambiarían los datos del cliente y los valores de la operación, en realidad inexistente”.
El organismo agregó que “para llevar adelante estos ilícitos, esta organización delictiva se valió también de numerosas personas jurídicas, en su mayoría de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)”.
Todo ello con la finalidad de generar crédito fiscal ilícito y/o gastos ficticios, en parte para disminuir la base imponible de los clientes de la organización en relación con el Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto a las Ganancias, y en parte para disimular la falta de capacidad económica de las propias “usinas” y “usinas mixtas” utilizadas para emitir facturas apócrifas.
En el caso de municipios y comunas – exentos de dichos impuestos –, el uso de las facturas apócrifas tendría por objeto ocultar y/o disimular el verdadero destino dado a las sumas de dinero consignadas en dichos documentos.
La causa se inició a través de la denuncia formulada por un contribuyente, a partir de haber tomado conocimiento de la existencia de numerosas facturas realizadas con su CUIT las que no habían sido realizadas por él.
De esta forma, la intervención de la UIF busca colaborar en la investigación de delitos previstos en la ley 24.769 (actualmente incorporados en la ley 27.430), y el lavado de activos producto de dichos delitos precedentes.
