Renunció el juez Francisco Pisa, cuestionado por su actuación antes del femicidio de Paola Tacacho

de inglés fue víctima de un femicidio a manos de Mauricio Parada Parejas (32), un acosador al que denunció 13 veces.

Las 13 fueron radicadas en el fuero penal de Tucumán, además de otra demanda civil que no prosperó, y tres denuncias por amenazas a su familia, en Salta. Solo una estuvo cerca de llegar a juicio, pero el juez Pisa lo impidió.

Francisco Pisa es juez de la 3° nominación y pesa sobre él una pila de cuestionamientos que se tradujeron en cuatro pedidos de Jury y una denuncia penal por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. También que la Suprema Corte de Tucumán ordenara una auditoría “urgente” en su juzgado.

Pero ahora, mientras las presentaciones empiezan a llegar a la Legislatura, Pisa presentó la renuncia para evadir el proceso de destitución. Según publicó el diario La Gaceta de Tucumán, “la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse confirmó que la dimisión ingresó el 15 de octubre”.

Soledad Deza es abogada y representante de la organización Mujeres x Mujeres, que este miércoles -junto a la Fundación María de los Angeles- presentó un pedido de destitución contra el juez Pisa.

“La renuncia es condicionada al otorgamiento de la jubilación, por lo cual considero que debe ser apartado de su cargo hasta tanto se le conceda el beneficio jubilatorio. Porque si no, esa renuncia, le permite a él continuar trabajando y administrando la misma injusticia que viene administrando hasta ahora, lo que sería casi una burla”, manifestó Deza al canal TN.

La renuncia condicionada al otorgamiento del beneficio jubilatorio tiene plazos administrativos que cumplir, según explicó Deza. En ese plazo él puede continuar al frente del juzgado y sería una manera de evadir el juicio político.

“Esperamos que, si bien la jubilación le puede habilitar una salida para esquivar el juicio político, no lo habilite para continuar ejerciendo en el cargo. El Estado tiene potestad, por ejemplo, para suspender preventivamente. Entonces que se lo aparte de las funciones y que no le permitan que siga haciendo daño”, dijo Deza.

Esta estrategia política utiliza los mecanismos burocráticos para evadir los cuestionamientos. Algo similar le ocurrió a Carlos Albaca, un fiscal acusado de 11 delitos, entre ellos encubrimiento agravado, por su actuación durante los siete años que tuvo en sus manos la investigación por el femicidio de Paulina Lebbos, asesinada en 2006.

Ese crimen, por el que señalaron a “los hijos del poder” en Tucumán, quedó impune gracias a las maniobras de encubrimiento durante esos años de investigación. Por esa causa, Albaca fue investigado y en 2014 el juez Pisa negó la elevación a juicio. Fue recién después de seis años y tras llegar a la Corte Suprema de Justicia que lograron que se pusiera una fecha de juicio que aún no se concretó.

Durante todos esos años, Albaca esquivó todas las instancias de enjuiciamiento y se jubiló sin recibir ninguna sanción.

Lo mismo hizo la fiscal tucumana, Adriana Giannoni, que renunció en enero, después de varios pedidos de juicio político por haber judicializado en noviembre de 2019 el caso de un equipo médico que practicó el aborto legal de una niña de 14 años, víctima de abuso sexual.

Giannoni presentó la renuncia condicionada por la jubilación en enero y continuó al frente de la fiscalía hasta hace algunas semanas. Las organizaciones sociales que están denunciando a Pisa exigen que no ocurra lo mismo con él.