que pasó”, en referencia al hundimiento del ARA San Juan y el consecuente fallecimiento de sus 44 tripulantes.
“Se supone que él y sus principales funcionarios son los que dan las órdenes y se supone que debería estar enterado del estado de las naves argentinas de guerra, por lo que para mí, tanto el expresidente como el ministro de Defensa (Oscar) Aguad, como el almirante (Marcelo Eduardo Hipólito) Srur, tienen responsabilidad”, afirmó Bellver en declaraciones a Radio 10.
Dijo que, por eso, “deberían ser convocados para ser escuchados en declaración indagatoria a ver cuáles son sus explicaciones respecto al hundimiento y en ese marco es que adherí al pedido de la querella, no solo para la indagatoria, sino también para que se realice un peritaje”.
La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia celebró a fines de octubre tres jornadas de audiencias, en las que se escucharon los cuestionamientos de las partes al fallo de la jueza de Caleta Olivia Marta Yañez que instruyó la causa.”
Los acusados se manifestaron agraviados porque consideran que no deberían estar procesados y los querellantes hicieron lo propio porque no se incluyó a quienes tuvieron la “responsabilidad política” del hundimiento, que atribuyeron al expresidente Macri y al exministro Aguad, entre otros.
El fiscal recordó que “de lo escuchado en las audiencias uno llega a la conclusión de que tal como estaba la embarcación nunca debió zarpar, con problemas en el periscopio, en una válvula, claramente el submarino no estaba en condiciones de realizar la tarea que le encomendaron”.
La Cámara Federal de Apelaciones se encuentra analizando 25 horas de grabaciones de las audiencias que se realizaron a lo largo de 3 días (29, 30 y 31 del mes pasado), particularmente las del contraalmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, excomandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada y uno de los imputados.
Este último aseguró que la Armada conocía la ubicación del ARA San Juan 20 días después de su desaparición por una posición que reportó el buque chileno “Cabo de Hornos”.
“Es por eso que considero más oportuno que nunca que declaren los funcionarios y será nuestra tarea, más allá de los dichos de Mazzeo, tener que demostrar que fue así, es decir que sabían de la ubicación antes de lo que se dio a conocer”, sostuvo Bellver.
“Si se comprueba además que se practicó espionaje ilegal sobre los familiares, eso es un disparate porque jamás se investiga a las víctimas”, advirtió, pero aclaró que no será responsabilidad suya seguir ese hilo de investigación, sino del fiscal de primera instancia.
Según dijeron fuentes de la Cámara a Télam, es probable que para la semana próxima ya exista una resolución sobre las impugnaciones y los pedidos para que se amplíen las indagatorias.
El fiscal Bellver tampoco dejo pasar por alto en las declaraciones que “los superiores tamizaron y no le dieron importancia al informe del capitán del submarino, (Pedro Martín) Fernández, sobre las fallas que tenía el submarino, que evidentemente no estaba en condiciones de cumplir con la tarea que se le encomendó”.
La causa sobre el hundimiento del ARA San Juan llevada a la apelación está caratulada como “López Mazzeo, Luis Enrique y otros por abuso de autoridad y deberes de funcionario público”.
En febrero pasado, la jueza Yáñez dictó el procesamiento sin prisión preventiva a seis exaltos mandos de la Armada y el sobreseimiento a un séptimo marino por el hundimiento del ARA y rechazó investigar posibles responsabilidades políticas en ese caso.
Yáñez les imputó el delito de “estrago culposo agravado por el resultado de muerte” a Jorge Sulía, exjefe de Logística del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS); a Hugo Correa, exjefe de Operaciones del COFS; y a Héctor Alonso, exjefe de Estado Mayor del COFS.
También fueron imputados Luis López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; Claudio Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos, y Eduardo Luis Malchiodi, exjefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada.
Además los acusó de incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de deberes del oficio y les impuso embargos que van de 2 millones (Correa, Sulía) a 3,5 millones de pesos (Mazzeo y Malchiodi). En tanto, Alonso fue embargado por 2,5 millones de pesos y Villamide en 3 millones.
