El designado embajador ante Italia Roberto Carlés renovó el
compromiso del Gobierno argentino con la memoria, verdad y justicia, al participar de una reunión virtual con representantes de organismos de derechos humanos de Roma.
Carlés expresó “el compromiso del Estado argentino con la continuidad y profundización del proceso de memoria, verdad y justicia iniciado durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner” durante un encuentro virtual del que participaron familiares de las víctimas del militar Carlos Malato; sus abogados, y autoridades judiciales de la provincia de San Juan.
La reunión buscó además establecer los cursos de acción en pos del juzgamiento de Malato, quien actuó en la provincia de San Juan en la última dictadura militar y cuyo nombre aparece más de 200 veces en una sentencia confirmada por la Corte de Apelaciones de Mendoza que pidió su extradición a Italia, rechazada en 2014.
Carlés expresó “el compromiso del Estado argentino con la continuidad y profundización del proceso de memoria, verdad y justicia iniciado durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner””
En 2019, el diario La Repubblica encontró a Malatto en un barrio cerrado lujoso de Sicilia.
De acuerdo con el diario italiano, son 16 los testigos que acusan a Malato como autor de torturas, según se desprende de la sentencia de la Justicia en Mendoza.
Durante el encuentro, Carlés aseguró a los familiares y víctimas que participaron de la reunión que “se realizarán todas las acciones necesarias, junto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería, para que ningún responsable de violaciones a los derechos humanos quede impune, donde sea que se encuentre”.
En la reunión, se empezó a delinear una estrategia jurídico diplomática para lograr que las causas iniciadas en Roma contra Malato avancen, al tiempo que se plantea la posibilidad de un nuevo pedido de extradición, según plantearon los participantes.
Además de Carlés, participaron Francisco Maldonado, fiscal federal de San Juan; Martín Fiorenza de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación; Josefina Nasif, directora de Derechos Humanos de la Cancillería, y Silvina Segundo, encargada de los archivos vinculados a juicios de lesa humanidad.
También participaron los abogados de los litigantes Marta Lucios; Antonio Salerno, Alicia Listo y Marino Angelelli; además de referentes de organismos de derechos humanos en Roma.
