Procesan al financista K Ernesto Clarens por lavado de dinero proveniente de la obra pública

Lo que se puso en marcha fue un “mecanismo de reciclaje basado en la ficción de costos inexistentes, con el objetivo de dar a dichos fondos apariencia de licitud, alejándolos de su origen espurio y convirtiéndolos en efectivo, lo que obstruyó para siempre su seguimiento”.

Como toda maniobra de lavado de dinero, requiere de un delito precedente. En este caso, se determinó que como en otras investigaciones por blanqueo que involucran a Lázaro Báez, a la familia Kirchner y a parte de su entorno, el origen de los fondos que se aplicaron a dichas operaciones es el otorgamiento de obra pública vial.

Vinculada a esta causa principal, el fiscal Pollicita había determinado que en claro “detrimento del erario público”, la hipótesis que se investiga en estos actuados consiste en la maniobra criminal implementada entre los años 2005 y 2009 “por medio de la cual se llevó adelante un mecanismo de reciclaje de una parte importante de ese dinero a través de la ficción de costos inexistentes, con el fin de otorgar a dichos fondos apariencia de licitud, distanciándolo de su origen delictivo en la defraudación al Estado Nacional”.

Así, Báez y Clarens -este último aceptado como “arrepentido” en la causa de los Cuadernos de las Coimas-, junto a un grupo de colaboradores, realizaban sucesivas intermediaciones comerciales y financieras bajo apariencia de costos inherentes a las obras públicas pero carentes de propósito comercial real, destinadas a otorgar ropaje de licitud a 502 millones de pesos”.

Es decir: fingían gastos y servicios entre empresas vinculadas entre sí que, según especificó el fiscal, no se realizaron efectivamente. Esto fue convalidado por el juez Ercolini.

Dicho dinero fue finalmente convertido en efectivo, “impidiendo definitivamente su trazabilidad”. Esto se consiguió “gracias a un notorio apartamiento de los recaudos y normativa previstos para la registración contable, el uso de cheques y el manejo de dinero en efectivo, por parte de los individuos que intervinieron en cada una de las etapas”, señala el dictamen.

Para la fiscalía, el contexto -la adjudicación de obras viales para Santa Cruz-, constituyó el “marco propicio e idóneo para garantizar la impunidad de los imputados”. Pollicita afirmó que todos los involucrados tenían “conocimiento del origen ilícito de los bienes” y tuvieron “plena voluntad de darles esa apariencia de licitud”, algo que se concluyó durante la investigación a raíz de la “convergencia de múltiples indicios —graves, precisos y concordantes— que revelaban la ilegitimidad de los fondos sometidos a este proceso de reciclaje”.

Una maniobra con tres etapas

1) La canalización de los fondos hacia la empresa Gotti y la interposición de Invernes en su manejo financiero. Se estimó que se movieron 790.256.010 pesos desde Austral Construcciones a Gotti. “Se permitió a la primera empresa desviar a la segunda poco más de un cuarto de sus ingresos, convirtiéndola en la sociedad puente de la maniobra; todo ello con el doble objeto de, por un lado, alejarlos de su origen ilícito y de la mayor exposición pública de aquélla empresa y, por otra parte, asegurarse la interposición en la maniobra de la empresa Invernes, controlada por el financista Ernesto Clarens.

2) La salida contable del dinero hacia afuera del Grupo Báez por medio de erogaciones imputadas a servicios inexistentes. Ante una operatoria “de ficción de costos inexistentes en las obras públicas”, el desvío de los fondos sustraídos al Estado Nacional de Austral Construcciones hacia Gotti permitía no sólo alejar ese dinero, en apariencia, de Lázaro Báez, sino que a la vez era de gran utilidad para disimular con mayor eficacia dichos “costos” —reflejados en facturas apócrifas— entre los millones de pesos de gastos reales que Gotti afrontaba para la realización de las obras.

3) La negociación de los cheques en financieras y su conversión en efectivo, impidiendo su trazabilidad. Los respectivos cheques que estarían destinados a cancelar esas facturas apócrifas no serían girados ni contra Austral —principal receptora de los fondos públicos sustraídos— ni contra cuentas de Gotti, sino contra las cuentas de Invernes, una sociedad anónima porteña dedicada a actividades financieras, sin relación visible con el fraude al Estado, sobre la cual no recaía —por entonces— sospecha alguna.

Así, la justicia determinó que Gotti fue escogida por los “conductores de esta maniobra criminal —Báez y Clarens— como la columna vertebral de la operatoria, para constituirla como la sociedad puente “entre la verdadera usuaria de la facturación apócrifa —Austral Construcciones— y los “proveedores”; ello en función de que se encontraba menos expuesta que Austral, no se la relacionaba directamente con Báez, era más fácil esconder entre sus gastos los correspondientes a servicios inexistentes”.

Por otro lado, se determinó que tenía intervenida su administración por Invernes, lo que le permitiría a Clarens no sólo el control de la totalidad del dinero que ingresara y saliera, sino también que “los pagos por los servicios falsos no figuraran a nombre del “comprador” —Gotti— sino de un tercero —Invernes—”.

Mirá también

Mirá también

Caso Fabián Gutiérrez: no pudieron avanzar con una pericia clave en el teléfono del ex secretario de Cristina

Mirá también

Mirá también

El avance K en la Justicia: ahora apuran los concursos para dos juzgados clave en Comodoro Py