La Legislatura porteña tratará este jueves, en sesión ordinaria, un proyecto de ley para la conformación de oficinas dentro de los tres poderes del Estado que controlen a los funcionarios públicos en la prevención de actos de corrupción y con la posibilidad de denunciarlos ante la Justicia en caso de delito.
El expediente, en rigor, compila una serie de iniciativas impulsadas por el bloque oficialista Vamos Juntos y bancadas aliadas como la de UCR-Evolución y fue objetado por diputados del Frente de Todos (FdT), que señalaron que se dejó de lado la propuesta de crear una única Oficina Anticorrupción dedicada a regular la función pública.
El legislador del FdT Santiago Roberto sostuvo que “los diputados del PRO no tomaron ninguna de las propuestas” presentadas por el Frente de Todos para crear una Oficina Anticorrupción”.
“Dieron dictamen a su proyecto de Régimen de Integridad Pública que no es una oficina independiente del poder de turno ya que la persona a cargo será nombrada por el jefe de Gobierno”, dijo.
De hecho, entendió que la iniciativa “se centra meramente en el armado de oficinas administrativas que, de hecho, ya existen”.
“Los diputados del PRO no tomaron ninguna de las propuestas” presentadas por el Frente de Todos para crear una Oficina Anticorrupción””
Santiago Roberto (FdT)
El dictamen que llega este jueves al recinto modifica La ley de Ética Pública de la ciudad, de 2013, ya que aquella legislación “ha quedado corta en relación con los estándares internacionales”, explicaron sus impulsores.
En ese marco, impulsaron la conformación de una Oficina de Integridad Pública en cada uno de los tres poderes del Estado “las que actuarían como autoridades de aplicación y cumplirían un rol estratégico de prevención”.
Las oficinas trabajarán “sobre los principios y deberes éticos, las incompatibilidades en el ejercicio de la función pública, los mecanismos de gestión y prevención de conflictos de intereses y la aplicación de sanciones por incumplimiento de los deberes”.
