Luego de la definición sobre los traslados de los jueces, una definición que fue celebrada por el presidente de la Nación, la Corte Suprema de Justicia podría fallar esta semana en
contra de las pretensiones de uno de los aliados políticos y amigos de Alberto Fernández.
La Corte, según indicaron miembros del tribunal a Clarín, tiene todo listo para definir en el acuerdo de este miércoles su posición sobre las limitaciones a la libre circulación de las personas que impuso el gobernador Gildo Insfrán, que según la Casa Rosada es un ejemplo de buenas prácticas en el tratamiento de la pandemia del coronavirus.
Los jueces de la Corte están dispuestos a fallar contra del gobierno de Formosa para obligarlo a aceptar el ingreso de las personas que se encuentran varadas en los límites de la provincia sin poder ingresar, en algunos casos desde hace varias semanas.
A fines de octubre, luego de una presentación del senador radical Luis Naidenoff, la Corte había intimado a Insfrán a que informe todos los detalles de la situación de las personas que no pueden ingresar a Formosa por las medidas restrictivas del gobierno provincial, que implementó una especie de muro en sus límites con otras provincias con la intención de evitar los contagios con COVID-19. Esa intimación había sido firmada por los cinco jueces de la Corte: Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Elena Highton.
La semana pasada, la oficina argentina de la organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional, le envió una carta a Rosenkrantz pidiendo que la Corte intervenga de manera urgente para solucionar los problemas de unas 7.500 personas que no pueden ingresar a Formosa por las restricciones sanitarias.
Amnistía dijo en esa carta que unas 900 personas hicieron presentaciones judiciales para poder ingresar, muchas de las cuales fueron aceptadas por la justicia federal, que declaró inconstitucionales esas prohibiciones.
Vista del puente Libertad, en la ruta provincial número 3 sobre el Río Bermejo, con el bloqueo de la policía formosaeña, el 28 de octubre.
Según Amnistía, “como consecuencia de esas decisiones judiciales, a partir de noviembre las autoridades formoseñas notificaron a los beneficiarios de los habeas corpus que para poder ingresar deberían abonar los gastos de los test PCR y el alojamiento en hoteles para el cumplimiento de la cuarentena. En caso de no poder afrontar los gastos, los turnos disponibles para el ingreso a la provincia varían entre enero y abril de 2021″.
Desde el inicio de la cuarentena, establecida por el gobierno Nacional el 20 de marzo, la Corte intimó a cinco provincias para que dejaran ingresar a personas que necesitaban viajar por razones de salud o de fuerza mayor. Formosa fue la única que desconoció una y otra vez esos pedidos, según le dijo a Clarín un importante funcionario de la Corte.
Insfrán defendió esas restricciones públicamente. “Me pregunto, si estamos en una pandemia, ¿Qué derecho está por encima de todo en este momento? Para mí el derecho a la salud, a la vida, está por encima del derecho a la libre circulación”, dijo la semana pasada el gobernador, que está en su puesto desde hace 25 años.
En la Corte consideran que el problema requiere de una intervención urgente y por eso los jueces se pusieron de acuerdo en definir la posición este miércoles. Según fuentes del tribunal, la definición obligaría a Insfrán a permitir el ingreso de los varados y va a destacar que esa clase de limitaciones a la circulación y los desconocimientos a las decisiones del Poder Judicial violan los preceptos de la Constitución Nacional.
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