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El proyecto de Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocido también como el plan de los 1.000 días, apunta a “bajar la mortalidad, malnutrición y desnutrición, además de prevenir la violencia, protegiendo los vínculos tempranos, el desarrollo emocional y físico y la salud de manera integral de las personas gestantes y de sus hijos e hijas hasta los 3 años de vida”.
Así lo definió el presidente Alberto Fernández al anunciar el inmediato envío del proyecto al Congreso, junto a otro que propone la legalización del aborto.
Según se desprende del texto de proyecto enviado al Congreso, se establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral, que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo a concretarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años.
Extiende, al mismo tiempo, la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que pasará de tener seis mensualidades a nueve, para abarcar la totalidad de la gestación.
También se amplía el pago por Nacimiento y por Adopción a las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que hasta ahora están excluidas de este beneficio.
De acuerdo con el texto, el Programa también prevé la provisión pública y gratuita de insumos esenciales durante el embarazo y para la primera infancia, coordinando y ampliando los programas existentes, y la creación del Sistema de Alerta Temprana de Nacimientos y el Certificado de Hechos Vitales con el objeto de garantizar el derecho a la identidad de las niñas y niños recién nacidos.
Entre los insumos, se menciona la provisión de medicamentos esenciales, vacunas, leche, alimentos para el crecimiento y desarrollo saludable en el embarazo y la niñez.
En sus principios rectores, el texto elevado por el Poder Ejecutivo resuelve para su cumplimiento la coordinación entre las áreas estatales, la simplificación de trámites para el acceso de esos derechos y el diseño de políticas públicas que brinden la asistencia apropiada a las familias, monitoreo y seguimiento de los casos y un informe anual ante el Congreso para rendición de cuentas sobre la marcha del programa.
El proyecto, destaca, además, el “derecho a la protección en situaciones específicas de vulnerabilidad” para las “niñas y las niñas con necesidad de cuidados especiales en sus primeros años“, “personas que cursen embarazos de alto riesgo” o padezcan “trombofilia”, “mujeres u otras personas gestantes en situación de violencia por razones de género” y “niñas y adolescentes embarazadas”.
“En aquellos casos en los cuales, en el marco de la atención sanitaria, se observen indicios o sospechas de posibles situaciones de violencia por motivos de género, los equipos profesionales y personal interviniente tienen el deber de informar a las niñas, adolescentes, mujeres y otras personas gestantes sobre los derechos establecidos en la Ley N° 26.485 y sobre los recursos de atención y denuncia existentes”, propone.
Se crea, además, en el ámbito del Ministerio de Salud una Unidad de Coordinación Administrativa “para la atención y el cuidado integral de la salud de las mujeres y personas gestantes durante el embarazo y de sus hijos hasta los tres años”.
“Esta Unidad tendrá como función el abordaje integral y la coordinación de las acciones necesarias para la plena implementación de lo establecido en la presente ley”, se precisa sobre dicha unidad, que además estará integrada por representantes de otras dependencias estatales como el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, Desarrollo Social, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), Anses, Renaper y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
En ese ámbito, que se ocupará principalmente de garantizar la coordinación y la articulación de las políticas sanitarias, de género, de cuidado, transporte y registro de los casos, se trabajará para “promover la integralidad en la atención” de las personas gestantes y sus niños de hasta tres años; se promoverá el acceso a la información, se diseñarán los protocolos de actuación y todo lo relativo al cumplimiento de la ley, incluyendo el plan de capacitaciones y otras herramientas.
