En la maratónica sesión de este martes en Diputados, el oficialismo buscará aprobar otro proyecto de autoría de Máximo Kirchner que despertó el rechazo de los sectores empresarios: busca
prohibir por entre 30 y 60 años el cambio de uso de aquella zonas y tierras que hayan sido arrasadas por el fuego, ya se por un accidente o con intención de incendiarlas.
En Juntos por el Cambio denuncian que es “excesivo, confiscatorio e inconstitucional”. Los dos bloques federales lo apoyan.
El proyecto tuvo dictamen el mes pasado con 17 firmas en la Comisión de Recursos Naturales, presidida por el oficialista Leonardo Grosso.
El proyecto ideado por Máximo Kirchner establece que en caso de incendios de humedales, áreas protegidas, bosques nativos o implantados se prohíbe por 60 años realizar modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio.
En ese sentido, prohíbe la división, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, en caso de tierras particulares. En caso de tierras fiscales también se prohíbe su venta.
Además, impide “cualquier actividad agrícola que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio”.
En el caso de “zonas agrícolas, praderas, pastizales, matorrales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural”, la prohibición rige por 30 años.
“El objetivo es primordialmente garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas, y entendemos que es esencial para eso que dichas superficies mantengan el uso del suelo que tenían previo al incendio“, asegura en sus fundamentos el proyecto.
“Si hay tierras que ya tenían un destino (previo al incendio), como por ejemplo, la construcción de viviendas sociales, se podrán hacer sin esperar ningún tiempo”, señaló en el debate en comisión la oficialista Daniela Vilar.
La radical Josefina Mendoza, criticó que el proyecto “no distingue entre incendios intencionales y accidentales”, y que “criminaliza al propietario de la tierra sin indagar en la culpabilidad”.
La diputada Graciela Camaño salió en defensa de Máximo Kirchner: “El problema de este proyecto es el autor, porque cualquier análisis que se haga de esta ley va a ser con un prisma absolutamente prejuicioso”.
El proyecto surgió después de la crisis de incendios que registró el país. A principio de octubre había 11 provincias afectadas con focos de fuego -Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, Salta, Tucumán, Corrientes, Misiones, La Rioja, Chaco y Catamarca- y un informe del Servicio Nacional de Manejo del Fuego había aseverado que “en el 95% de los incendios forestales son producidos por intervenciones humanas” o eran “intencionales”.
La crisis de incendios en las provincias generó fuertes críticas de la oposición e incluso desde algunas provincias al ministro de Ambiente, Juan Cabandié, cercano a Máximo e integrante de La Cámpora. Lo acusaban de haber demorado la ayuda estatal para frenar el fuego.
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