Rechazo y duras críticas de la UIA y otras entidades al impuesto a la riqueza

y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”.

Fue categórico el Foro de Convergencia Empresarial que lo definió como confiscatorio. El Foro, que agrupa casi todas las cámaras, considera que es un golpe a la inversión. La Unión Industrial optó por dar a conocer un estudio muy pormenorizado sobre el efecto negativo de sus alcances.

En repetidas ocasiones, la UIA le acercó ese estudio al presidente Alberto Fernández y a los padres de la iniciativa, los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller. Carolina Castro, una de sus directoras y accionista de la autopartista Guidi de su familia, señaló que en caso de que se apruebe y de que el Congreso no ceda a los cambios propuestos, que quienes deban pagarlo puedan utilizarlo como inversión productiva en sus compañías.

Así las cosas, la UIA cuestiona el sesgo con el que se ha diseñado este proyecto que “descapitaliza a empresas que invierten, producen y sostienen el empleo en un contexto de emergencia social, sanitaria y económica”. Sostiene que el proyecto no diferencia entre el patrimonio formado por capital productivo (empresas, máquinas y activos tecnológicos en el país) y aquél compuesto por activos financieros o inmuebles. “Como resultado de esta medida, las empresas deberán destinar recursos afectados a la producción al pago de este aporte”, señaló.

En el documento traza una cruda realidad: desde hace 4 años hay 40.300 firmas menos y 290 mil empleados industriales menos que un año atrás. “Este proyecto grava aquellos recursos que deben destinarse a la inversión, indispensables para recuperar el crecimiento”, insisten.

Castro reprocha que recaiga sobre inversores en acciones de empresas o en los dueños de las empresas que obviamente tienen acciones de esas firmas. También, que alcance a los poseedores de títulos de deuda. Es decir, que castigue a quienes han confiado en la deuda soberana de la Argentina. Otra crítica no menor es sobre la base imponible ya que quien alcance a $ 199 millones está exento y al que tiene $ 201 millones le cae todo el peso.

De esta manera, el documento de la UIA plantea que se debe excluir de la base de imposición a las acciones o participaciones en activos productivos, permitir dar cumplimiento mediante un importe equivalente en inversiones productivas en el plazo de un año, incorporar las mismas exenciones que las que presenta el impuesto a los bienes personales, agregando la exención a Obligaciones Negociables de empresas argentinas para no afectar el ahorro en moneda nacional y en instrumentos públicos, además de corregir las alícuotas para evitar tratamientos desiguales.

Hay otro dato que Castro no deja pasar. “Nos recibieron y nos escucharon a título personal, no tuvimos una instancia de participación como un actor para poder opinar y discutir este impuesto en el marco del Congreso”, se quejó.

El Foro a su vez disparó: “Sorprende que, en un momento en que se necesita promover la inversión privada para recuperar la actividad económica y generar empleo genuino, la Cámara de Diputados impulse un proyecto de ley que, a todas luces, generará un efecto inverso, y que, cuando es necesario que todos usemos nuestra energía hacia un mismo objetivo, se introduzca una discusión que vuelve a dividir a los argentinos. El dislate de este impuesto es tan evidente, que sorprende su sola discusión”. Y agregó: “Se trata de una iniciativa que es confiscatoria, al gravar nuevamente activos que ya son objeto de otros gravámenes y desconoce la realidad económica”.

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