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La Cámara de Diputados comenzará a analizar en los próximos días en comisión el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) enviado el martes por el Poder Ejecutivo al Congreso, que sería aprobado ya en el marco de una convocatoria del gobierno nacional a sesiones extraordinarias del Parlamento.
Si bien aún no recibió el giro formal de la cámara, el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo sería analizado por las comisiones de Mujeres y Diversidad, a cargo de Mónica Macha; de Legislación General, que preside Cecilia Moreau; de Salud, que encabeza Pablo Yedlin y de Legislación Penal, conducida por Carolina Gaillard, todas en manos del oficialismo.
El proyecto sería aprobado en el recinto de Diputados a mediados de diciembre, tras lo cual pasaría al Senado”
Sin embargo, resta saber además si la iniciativa será analizada en forma conjunta con el Plan de los 1000 días y cuál sería finalmente la comisión cabecera del debate, aunque se estima hasta el momento que sería la de Mujeres y Diversidad.
Fuentes parlamentarias adelantaron a Télam que la iniciativa “no tendría un trámite express” en el debate en comisión aunque “tampoco demandará mucho tiempo”, a la vez que adelantaron que en los próximos 10 días se realizará la convocatoria a las reuniones informativas, donde se escucharán voces a favor y en contra del proyecto.
Luego, habrá uno o dos plenarios en los que se buscará firmar el dictamen, en tanto que el proyecto sería aprobado en el recinto de la cámara baja a mediados de diciembre, tras lo cual pasaría al Senado.
En declaraciones a radio La Red, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, se mostró “optimista” en que pueda convertirse en ley junto con la otra iniciativa que extiende los beneficios en caso de maternidad, conocido como el Plan de los 1000 Días.
Ibarra dijo que “la objeción de conciencia será respetada y veremos cómo se instrumenta en caso de que sea ley; lo que no se puede hacer es impedir la práctica porque, si no, volvemos al punto inicial y queremos atender a todos los derechos”.
En tanto, la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, destacó la decisión del gobierno nacional de enviar al Congreso el proyecto de legalización del aborto y remarcó que se trata de “un hecho de salud pública, al igual que en todos los países desarrollados del mundo”.
“El proyecto trabaja sobre una realidad, que es que el año que viene se cumplen cien años del Código Penal y que el aborto esté criminalizado, y sin embargo se estima que hay entre 350 y 522.000 intervenciones clandestinas por año”, aseguró Gómez Alcorta por radio Continental.
Por su parte, en declaraciones a Télam, la presidenta de la comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, Mónica Macha, celebró el ingreso del proyecto a la Cámara baja, al afirmar que “estábamos esperando” que el Gobierno envíe la iniciativa
“El envío del proyecto al Congreso nos pone en una situación de mayor cercanía con su tratamiento en el recinto y que sea ley”, afirmó Macha, al asegurar que “necesitamos la normativa que implica crear esta política publica sanitaria para poder terminar con las muertes o discapacidades de las mujeres por abortos clandestinos”.
También, Gaillard -en declaraciones radiales- se mostró optimista con el reingreso del proyecto al Congreso y dijo que el envío de la iniciativa expresa “la voluntad del Presidente”, al afirmar que “se trata de una decisión clave en materia de salud pública”.
Para la diputada del Frente de Todos por Entre Ríos, “es una alegría para todas las mujeres que se salde esta deuda histórica. Nuestro presidente ha tomado una decisión política que tiene que ver con la salud pública de todas las mujeres” y afirmó que “estamos ante un Gobierno que escucha las demandas de las mujeres y sobre todo que respeta su autonomía”.
En ese sentido, Yedlin, presidente de la comisión de Salud de la Cámara baja, sostuvo que con el envío del proyecto al Congreso “el presidente cumple con su promesa de campaña” y dijo se “se trata de un tema de salud que no intenta ir contra las creencias ni principios de nadie”.
“Ojalá estas medidas preventivas sean lo más efectivas posibles para evitar los abortos clandestinos y que sigan muriendo mujeres por esta cuestión”, aseveró Yedlin a Télam.
El texto enviado por el presidente, que el Senado podría tratar en enero o febrero de 2021, establece que “las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar” tienen derecho a practicarse un aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional.
Además, el proyecto de ley habilita la “objeción de conciencia” por parte de profesionales de la salud que no quieran llevar a cabo la práctica, aunque no será admitida a nivel institucional.
En la propuesta del Poder Ejecutivo se aclara que, fuera de ese plazo de 14 semanas, la persona gestante mantendrá “el derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo” si el mismo “fuere resultado de una violación”, cuando se trate de niñas menores de 13 años o si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona.
Además, se señala que la práctica deberá llevarse a cabo “en los servicios del sistema de salud o con su asistencia, en un plazo máximo de 10 días corridos desde su requerimiento”, asegurándose el trato digno, la privacidad, la confidencialidad y la calidad durante el proceso.
