La socióloga y asesora presidencial Dora Barrancos
aseguró que espera “un tratamiento rápido” en el Congreso del proyecto de interrupción legal del embarazo que envió este martes para su tratamiento el Poder Ejecutivo, junto con el programa de los 1.000 días para protección de embarazadas y recién nacidos de sectores vulnerables.
Barrancos, en diálogo con El Destape Radio, consideró que el proyecto pudo avanzar por la “convicción” del presidente Alberto Fernández y “quienes lo llevaron adelante, que son (la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia) Vilma Ibarra, (la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad) Elizabeth Gómez Alcorta y el equipo del ministro de Salud, Ginés González García”.
Barrancos explicó que “habrá un tratamiento en común del proyecto en cuatro comisiones de diputados” y expresó su deseo de que de esa forma tenga “allí un trámite rápido”.
“El debate en el recinto será largo, pero no en el trámite parlamentario”, consideró la especialista, y remarcó que no considera necesario que vuelvan a exponer ante las comisiones los especialistas “porque ya lo hicimos en su momento”.
“La Campaña es una multitud de grupos y puede haber algún disenso, pero tengo la impresión de que el proyecto se apega absolutamente al de la Campaña””
Dora Barrancos
Barrancos explicó que el proyecto enviado por la Casa Rosada para su tratamiento parlamentario, que contempla la interrupción legal del embarazo hasta la semana 14 de gestación, “se apega absolutamente” a la iniciativa impulsada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, de la que forma parte.
“La Campaña es una multitud de grupos y puede haber algún disenso, pero tengo la impresión de que el proyecto se apega absolutamente al de la Campaña”, indicó la investigadora.
En este sentido, explicó que, por ejemplo, “el proyecto no hace lugar a una peregrina cuestión como la objeción de conciencia institucional, ya que se considera que la objeción puede darse a nivel personal, pero no institucional”.
Asimismo, consideró que fue “muy sensata y razonable” la decisión presidencial de decidir postergar el tratamiento del proyecto ante la irrupción de la pandemia por coronavirus, a mediados de marzo último.
Barrancos también señaló que desde el punto de vista presupuestario “la interrupción voluntaria del embarazo consagrada por ley limita enormemente el gasto en salud publica”.
