La Cámara Federal de Casación Penal confirmó elevación a juicio de una de las causas vinculadas a los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht habría pagado en la Argentina
para acceder a contratos públicos. Se trata del caso que investigó coimas y sobreprecios en la construcción de dos plantas de tratamiento -de agua potable y líquidos cloacales- para la empresa estatal AySA, en el que están acusados, entre otros, Julio De Vido, Roberto Baratta y José López.
La Sala III de la Casación, integrada por Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Mariano Borinsky, convalidó el rechazo de una “excepción de falta de acción por inexistencia de delito”, planteada por la constructora de Benito Roggio en el marco del proceso de elevación a juicio del expediente.
En el legajo se investigan las adjudicaciones de obra pública llevadas adelante para la planta potabilizadora Paraná de las Palmas y la planta depuradora de Berazategui o “Planta del Bicentenario”.
Las empresas que resultaron beneficiadas por la licitación fueron, por un lado, la UTE integrada por “Norberto Odebrecht S.A.” -Sucursal Argentina-, “Benito Roggio e Hijos S.A.”, “Supercemento” y “José Cartellone Construcciones Civiles” y, por otro, la UTE conformada por “Construcciones e Comercio Camargo Correa S.A.” y “Esuco.”
Se encuentran imputados por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y cohecho 26 miembros de las sociedades involucradas, funcionarios de AySA y del por entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, entre ellos, De Vido, José López y Baratta.
La Casación también convalidó el rechazo a la petición de Odebrecht para que se permitiera la transferencia de cinco vehículos embargados.
En su investigación, el juez de instrucción Sebastián Casanello determinó que se “celebró un acuerdo espurio entre funcionarios púbicos y empresarios, motivado en el pago de sobornos, que implicó concesiones indebidas en beneficio de los contratistas y que derivó indefectiblemente en una defraudación al Estado como consecuencia de la administración infiel de los recursos públicos”.
Todo ocurrió entre 2007 y 2014, desde la firma de los contratos de obra hasta la suscripción de las últimas adendas de éstos. Para el fiscal Federico Delgado, el terreno en que se desarrollaron los sucesos también tiene dos planos. “El formalmente legal que es el de los procesos licitatorios. El otro es el de la realidad material. Allí se dieron acuerdos ilegales, que incluyeron el pago de coimas. Producto de esos acuerdos se fueron modificando los pliegos a medida que los pactos non santos avanzaban. Es sencillo, aunque no lo parezca. Se fue escribiendo una historia formal que la realidad iba cambiando. Esos cambios se tradujeron en modificaciones de la historia formal que registraban las licitaciones”.
En un primer tramo del expediente se corroboró la administración fraudulenta que recae sobre los ex directivos de AySA y los empresarios. Vino una segunda etapa, en la que la Justicia dio por “probada la existencia de dos grandes tramos de pago de sobornos vinculadas a la obra Paraná de las Palmas”.
Allí entraron Julio De Vido, José López, Roberto Baratta y Jorge “Corcho” Rodríguez, entre otros, todos acusados de cohecho. El juez Casanello dio por acreditadas “las dádivas que, como contrapartida, las empresas ganadoras habrían pagado a las autoridades estatales a fin de asegurarse tales adjudicaciones ventajosas”.
Por ello, los empresarios ya procesados por defraudación en la primera parte de la investigación quedaron ahora acusados de “corruptores”, es decir como autores de cohecho activo, por haber pagado los sobornos para garantizarse la adjudicación de obras.
El circuito de las coimas
Según la justicia, los sobornos se estructuraron en dos instancias. En enero de 2009 se hizo el primer pago de servicios al consorcio de la Planta AySA por 69 millones de dólares. “El director del contrato, Sergio Gouvea, por indicación de Carlos Wagner tomó contacto con Raúl Biancuzzo, quien fue presentado al Departamento de Operaciones Estructuradas (oficina de coimas de Odebrecht), iniciándose así los pagos indebidos en las cuotas por éste indicadas, que ascendieron a 7,6 millones de dólares“.
Hubo tres órdenes de pago vinculadas a la obra “Paraná de las Palmas”, una en julio de 2010 y las otras dos en agosto de ese año, por 67.289 dólares, 18.000 dólares y 25.000 dólares. “En el sector “codinome”, que es el apodo asignado al destinatario, figuran “Rio Grande”, “Cavalo” y “Raúl Seixas”, siendo el ejecutivo vinculado en todas Mauricio Couri Ribeiro, por entonces CEO de Odebrecht en Argentina”, explica la resolución.
El segundo tramo de pagos indebidos reconocido por Odebrecht “se debió a la paralización de las obras y la interrupción de los pagos que coincidieron temporalmente con la muerte del ex presidente Néstor Kirchner”, señaló Casanello en su momento. El mismo se extendió entre 2011 y 2014, y “tuvo como intermediario, en este caso, entre funcionarios y empresarios a Jorge Ernesto Rodríguez quien, a través de la firma uruguaya “Sabrimol Trading S.A”, recibió una totalidad de 6.450.000 dólares“.
Según estableció la investigación, esos pagos se realizaban con cheques de la empresa uruguaya Sabrimol, y se cambiaban en diversas casas de cambio y agencias financieras para evitar la trazabilidad. La sospecha de Casanello y que convalidó la Cámara es que dichos fondos ilícitos llegaban a los funcionarios de Planificación Federal y de AySA.
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