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El Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público le propuso al presidente Alberto Fernández la sanción de una ley orgánica que regule el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y contemple principios como la “paridad de género”, una “integración federal” y “pluralismo ideológico”.
También le sugirió distintas alternativas sobre tribunales intermedios que podrían generarse para descongestionar el trámite de causas del máximo tribunal.
Ambas recomendaciones figuran en el informe final concluido ayer por el comité de expertos, de más de 1.000 páginas, cuatro capítulos y tres anexos, que en los próximos días será formalmente elevado al Poder Ejecutivo, según confiaron a Télam fuentes vinculadas al organismo.
La propuesta de una ley orgánica de la Corte fue avalada por 9 de los 11 consejeros que la fundamentaron en la necesidad de “terminar con la dispersión normativa que rige en la actualidad, regulando de forma integral la estructura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en lo relativo a su composición, organización, funcionamiento, jurisdicción y competencia”.
En relación a la integración de la Corte, el Consejo sugiere que esa ley orgánica contemple los principios de “paridad de género”, “integración federal” y “pluralismo ideológico”.
También pide que se “fortalezca el sistema de audiencias públicas en el proceso de designación del juez o jueza de la Corte Suprema” con la realización de audiencias en distintos puntos del país, y que los mismos criterios se apliquen al nombramiento de los conjueces.
En esa línea, el informe propone “regular de manera restrictiva el trámite para el nombramiento de los o las magistradas que hayan alcanzado los 75 años de edad”.
El dictamen de los especialistas también dedica varias páginas a desarrollar distintas alternativas relacionadas a los recursos que se presentan ante la Corte desde tribunales inferiores, y una de las sugerencias que se menciona es la “determinación de un plazo razonable para la resolución de las causas que llegan a la Corte Suprema, especialmente aquellas que tienen naturaleza penal”.
Otro apartado del informe pide regular las audiencias públicas convocadas por el máximo tribunal argentino, incluyendo su “obligatoriedad en supuestos de trascendencia institucional con visión federal”, o cuando “sea requerida por un porcentaje mínimo del padrón electoral” o “la mayoría de la Cámara de Diputados”, entre otros supuestos.
Algunos consejeros sugirieron la sanción de una ley especial “para optimizar el régimen de las audiencias públicas y de los amigos del tribunal”.
En relación a la posible creación de tribunales intermedios, las propuestas abarcan desde la conformación de un Tribunal Federal de Sentencias Arbitrarias, hasta la creación de una segunda Cámara Federal de Casación en materia no penal, incluyendo quienes rechazaron “toda iniciativa tendiente a la implementación de tribunales intermedios” por considerarlos contrarios a la Constitución.
Otras recomendaciones emitidas por el consejo consultivo contemplan que la Corte establezca con la apertura de cada año judicial, una agenda de causas “indicando cuáles son los casos mínimos cuya resolución será abordada en el año calendario”.
También que la Corte “diagrame y aplique en un plazo breve una agenda de innovación basada en la inteligencia artificial y el small data”.
Los once integrantes del Consejo aclararon en el informe que sus propuestas no son “definitorias respecto de los temas sobre los cuales fue convocado” por lo que el objeto del trabajo fue “elevarle al presidente de la Nación un conjunto de alternativas posibles para su eventual instrumentación”.
