Tras el informe Beraldi, el kirchnerismo apura el dictamen para sacar la nueva ley para elegir al Procurador

las mayorías necesarias tanto para su designación como remoción.

Desde que el kirchnerismo se propuso modificar la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, advirtió que esperaría el veredicto de la llamada “Comisión Beraldi”, por la participación en ella del abogado personal de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi, aunque también, habían señalado que no era “palabra santa”.

Los expertos entregaron sus conclusiones al Presidente el martes, y el senador cristinista, Oscar Parrilli​ -presidente de la comisión de Justicia del Senado, donde se lleva adelante la discusión del tema- convocó para este viernes a las 10.

Después de tres rondas de participantes, ya no hay oradores invitados y desde el Frente de Todos reconocen que la intención es firmar un dictamen para que pueda ser llevado al recinto antes del 30 de noviembre, fecha límite de las sesiones ordinarias.

Pasado ese plazo, se debe esperar que el Gobierno extienda las ordinarias o llame a extraordinarias. Pero en ese periodo solo pueden tratarse los temas pedidos por el Ejecutivo.

El bloque oficialista no presentó un proyecto propio ni va a hacerlo. Dictaminará en base al texto del senador aliado, Alberto Weretilneck -que tiene todos los condimentos que buscaban- y los dos textos presentados por los senadores opositores Martín Lousteau (JxC) y Lucila Crexell (MPN), quienes habían pedido retirar sus textos para frenar el debate.

El punto en el que acuerdan todas las bancadas es la reducción del mandato, entre 5 y 6 años, con la posibilidad de una reelección.

La discordia se da en torno a la flexibilización de la mayoría necesaria para su designación, y también, para su remoción. La oposición se niega a tocar los dos tercios.

El texto de Weretilneck fija mayoría absoluta: una instancia intermedia entre la mayoría simple y los dos tercios. En lo concreto, significa 37 votos positivos de los 72 senadores. Esa es la mayoría también empujada por el kirchnerismo. En el Senado ya tienen ese número. En Diputados no, pero con ayuda de bloques minoritarios podrían conseguirlo, como ya lo hicieron para aprobar el Aporte Extraordinario a las Grandes Riquezas.

Por su parte, la “comisión Beraldi” también se pronuncio por fijar mayoría absoluta, aunque fue el tema más discutido. Seis de sus miembros -Marisa Herrera, Claudia Sbdar, León Arslanian, Alberto Beraldi, Raúl Gustavo Ferreyra y Omar Palermo- se inclinaron por mayoría absoluta, mientras que otros cinco quieren mantener la exigencia de los dos tercios de los votos: Inés Weinberg de Roca, Hilda Kogan, María del Carmen Battaini, Andrés Gil Domínguez y Enrique Bacigalupo.

Las dudas ahora surgen con los mecanismos de remoción. Si se baja la mayoría para la designación el procurador también debe ser así para su desplazamiento, plantean en el FdT. El texto de Weretilneck elimina el juicio político y también fija remoción por mayoría absoluta. Pero la “comisión Beraldi”, planteó mantener los dos tercios en ambas Cámaras para el desplazamiento.

“El Procurador General de la Nación sólo puede ser removido por razones de mal desempeño, crímenes comunes o delito en el ejercicio de sus funciones”, establece el texto de Weretilneck y la remoción podrá producirse: “por decisión fundada del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado por mayoría absoluta de sus miembros”, o “a solicitud de cualquiera de los miembros de la Cámara de Diputados, con aprobación de la mayoría absoluta y con acuerdo del Senado por mayoría absoluta de sus miembros”.

El comité de juristas que asesoró al Presidente mantienen la idea de juicio político. Es decir, con dos tercios de los votos en ambas Cámaras del Congreso.

“Tampoco es palabra santa”, había señalado Parrilli sobre el informe de esa comisión. Se verá este viernes si toman, o no, su consejo.

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