Los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort -directora de Asuntos Jurídicos del Senado- solicitaron este jueves que la exdiputada nacional y cofundadora de Juntos por el Cambio, Elisa Carrió,
sea citada a prestar declaración indagatoria en la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Mauricio Macri, tras acusarla de intentar cubrir a la banda del falso abogado Marcelo D’Alessio.
Los letrados presentaron el pedido ante el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, quien investiga el espionaje a exfuncionarios kirchneristas que estuvieron detenidos en el penal de Ezeiza y a sus respectivos entornos, incluidos sus abogados defensores.
Como supuestas víctimas de ese espionaje ilegal, Rúa y Peñafort presentaron un escrito en el que buscan vincular a las transcripciones de escuchas telefónicas utilizadas por Carrió y el fiscal Carlos Stornelli para denunciar la Operación Puf -el intento de dañar el caso de los Cuadernos de las Coimas con el expediente tramitado en Dolores por el juez Alejo Ramos Padilla- con una supuesta filtración del área de Asuntos Jurídicos de la AFI que durante el macrismo, que estuvo bajo las órdenes de Juan Sebastián Destéfano.
Primera paradoja: Destéfano, el supuesto filtrador de esas transcripciones, fue sentado en ese despacho por Daniel Angelici, un enemigo declarado de Carrió. ¿Cómo probar que interrumpieron ese encono para asociarse en esta hipotética maniobra oscura?
Los abogados kirchneristas pidieron que se cite a indagatoria a Carrió “por su responsabilidad en la maniobra ilegal desplegada desde la AFI con los objetivos de influir en la situación institucional y política y social del país y en la opinión pública, y de dar cobertura a la organización paraestatal que integraban D’Alessio y otras personas a las que la nombrada se encontraba estrechamente vinculada”, según el escrito al que accedió la agencia oficial Télam.
“La filtración ilegal de los audios provocada por el interesado juez de conveniencia se sumó así a la filtración ilegal de sus transcripciones por parte de la entonces diputada Carrió y la AFI en el marco de las tareas de escucha ilegal y espionaje penitenciario que se desplegaron durante el anterior gobierno a propósito de su política de persecución”, sostuvieron los abogados Rúa y Peñafort, que también son defensores del condenado ex vicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone.
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