Ordenan desalojo de la toma de la Reserva Forestal en El Bolsón

Negro ordenó finalmente el desalojo del área considerada una de las de mayor valor y atractivo natural de la localidad.

La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca revocó el fallo del juez de Bariloche, Gustavo Zapata, del 11 de septiembre pasado, en el que el magistrado había descartado el desalojo de los usurpadores por considerar que empeoraría la situación.

Ahora los jueces roquenses dispusieron la restitución del predio al Instituo Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), entidad que lo administra, con lo que se acortan los plazos para que el ministerio de Seguridad de la provincia, conducido por Betiana Minor, tome cartas en el asunto.

Fuentes locales cuentan a Clarín que las familias no han demostrado disposición a dejar la toma de manera que se estima que podría haber situaciones de violencia en caso de un eventual desalojo por parte de la policía provincial.

Con esto la Justicia de la provincia ratifica un segundo desalojo en apenas 48 horas después de que el martes pasado confirmó la expulsión de la comunidad Lafken Winkul Mapu de un predio del Obispado de San Isidro en Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche, determinada por el juez Martín Arroyo el 22 de octubre.

La región vive momentos de alta tensión con la violenta usurpación en Mascardi, que superó ya los 110 ataques en los últimos 3 años, y la toma de la Parroquia de El Bolsón el 6 de noviembre durante la cual un grupo de manifestantes mapuches destruyeron parte del mobiliario del lugar, golpearon a un cura y mantuvieron cautivo a un fraile.

Además el 19 de octubre la ministra Minor lideró un amplio operativo de desalojo en El Foyel, cerca de El Bolsón, donde otra comunidad mapuche, Gallardo Calfú, había ocupado 400 hectáreas de tierras particulares. En el procedimiento no hubo altercados de consideración.

“(El desalojo o, finalmente, la permanencia de los vecinos avalada por la Justicia) traerá consecuencias graves para las partes en litigio. Si se decide tardíamente el desalojo, supondrá perjuicios tanto para el denunciante como para los mismos usurpadores, que probablemente habrán incurrido en gastos de construcción considerables. Si por el contrario, en forma tardía se le otorga la razón a los ocupantes, estos ya habrán sido desalojados y permanecido en situación de vulnerabilidad, expuestos a peligros en su integridad y vida, además del perjuicio económico evidente”, había argumentado el juez Zapata en su fallo.

“(…) las personas allí asentadas incluso le han manifestado a la titular del MPF (Ministerio Público Fiscal) que no poseen oposición alguna a ser reubicados, ya que su reclamo es inherente a la crisis habitacional que sufren y no a la porción específica de tierra que hoy ocupan”, agregaba su escrito.

El magistrado aclaró entonces que, basándose en la investigación de la fiscal Silvia Little, no encontraba “delito” de cual responsabilizar a las familias. También ordenaba a la autoridades de Río Negro encontrar en dos semanas una solución habitacional a las familias. Una alternativa que fue criticada incluso por la gobernadora Arabela Carreras.

La policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) cuida las principales zonas de ingreso al predio desde septiembre con el propósito de impedir que se sumen nuevos ocupantes al predio y trasladen materiales destinados a la construcción de viviendas precarias.

Mirá también

Mirá también

La Justicia de Río Negro acelera el desalojo de una comunidad mapuche en Villa Mascardi