El abogado Alejandro Rúa sostuvo que el pedido que formuló a la Justicia para que sea citada a prestar declaración indagatoria la titular de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, busca determinar “de dónde sacó las escuchas que eran ilegales”, en el marco de la causa que se sigue por espionaje en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Mauricio Macri.
“Pedimos la indagatoria de Carrió para que le pregunten de dónde sacó las escuchas que sabemos que eran ilegales”, explicó el letrado en declaraciones a El Destape Radio.
“Nosotros somos abogados de varios de los espiados y junto a Graciana Peñafort también víctimas, porque nos espiaban a nosotros”, recordó el abogado al aludir a su colega con quien formuló la presentación.
El pedido fue presentado ayer ante el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, quien investiga el supuesto espionaje llevado adelante durante el Gobierno de Mauricio Macri a exfuncionarios kirchneristas que estuvieron detenidos en el penal de Ezeiza y a sus respectivos entornos, incluidos sus abogados defensores.
Según los abogados, Carrió se habría nutrido de escuchas ilegales que se hicieron a dirigentes políticos desde la AFI para intentar frenar el avance de la causa sobre espionaje que tramita en el juzgado de Dolores.
Rúa recordó que “ya está definido que las escuchas a los presos eran ilegales” y que los “directivos de la AFI de aquel momento ya están imputados por las escuchas ilegales y por haber filtrado esas escuchas para darle cobertura a la banda de (el falso abogado Marcelo) D’Alessio”.
En este punto, evaluó que “hay que vincular la investigación en Dolores sobre D’Alessio con la de Lomas de Zamora”.
También destacó que “las transcripciones le llegan a Elisa Carrió el día después del allanamiento a D’Alessio”, realizado el 6 de febrero de 2017.
“El mismo día, la AFI retira los CDs con las transcripciones de los presos y se los entrega a Carrió”, dijo.
Según Rúa, “pasaron 24 horas desde que la AFI retiró las transcripciones hasta que llegaron a Elisa Carrió. Y también le llegaron a (el fiscal Carlos) Stornelli”.
“Carrió dijo que iba a reservar la fuente como si ella pudiera preservarla”, puntualizó el abogado y sintetizó: “Generaron una causa con Bonadio para difundir las conversaciones privadas de presos e instalar que lo que pasaba en Dolores era irregular”.
“Le tienen que explicar a Carrió que no tiene la posibilidad de preservar ninguna fuente”, insistió Rúa y añadió que “las transcripciones de los presos no fueron ordenadas por ningún juez ni llevadas a ningún expediente judicial”.
Rúa sintetizó con que “Carrió fue parte de la misma operación de inteligencia que se hizo desde la oficina de jurídicos de la AFI”.
“No hay forma de grabar legalmente las conversaciones de un preso con su abogado porque son confidenciales. Es decir, que eran absolutamente ilegales”, concluyó.
