El economista Ricardo Arriazu calcula que el valor de la cosecha podría aumentar en US$5.000 millones el año próximo como consecuencia de la suba internacional del precio de los granos.
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La soja, la oleaginosa tan vilipendiada por el oficialismo, cotiza en estos días en US$430 la tonelada, el mayor precio de los últimos seis años, y le está cambiando la cara a parte de los funcionarios.
Desde agosto acumula un 35% de suba y en el Banco Central siguen su evolución día a día apostando a que un posible cambio de expectativa les permita transitar de mejor manera el desierto cambiario que los separa de abril, cuando comenzarían a ingresar los dólares de la cosecha gruesa.
Desde ya que todas las estimaciones de precios están en función de la sequía que afecta a buena parte de los productores del mundo y de la que la Argentina no queda al margen.
Pero, una vez más y por la suba de las materias primas, hay un viento de cola para los principales productos de exportación del país que confluyen con una particular situación financiera: los bonos públicos argentinos, y no por los buenos motivos, lideran los rankings de rendimientos del mundo.
En el mundo real los capitales se mueven tradicionalmente guiados por dos sentimientos: la posibilidad de ganar o perder mucho, la avaricia o el pánico.
Entre los extremos están Alemania, cuyos bonos pagan una tasa negativa de -0,56%, y la Argentina, cuyos títulos públicos ofrecen en torno de 15% anual.
En la cabeza de los inversores y fondos de inversión está el país europeo, que resulta extremadamente seguro, al punto que cobra un interés por guardarles la plata, y la Argentina, que ofrece un rendimiento jugoso, incluso con garantía de no default en el corto plazo.
El presidente Alberto Fernández, mientras tanto, se niega a que se le llame ajuste al que está encarando Martín Guzmán, pero el ministro va haciendo un ajuste de cuentas en medio del inicio de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional.
El aumento de 5% anunciado para los jubilados y pensionados a partir de diciembre (el haber mínimo que recibe la mitad de la clase pasiva pasará a $19.035.30) lleva a 35,3% el aumento en el año (para los ganan más, la suba será de 25,3%) y no los compensa frente a la inflación ni respecto de la fórmula suspendida por la que habrían recibido una mejora de 42%.
Con el nuevo decreto para actualizar los haberes de la clase pasiva, el Gobierno va esmerilando una parte del gasto público que intentará consolidar si el Congreso avala la nueva fórmula de actualización (atada 50% a salarios y 50% a recaudación) que pondrá a la recaudación de la ANSeS como tope de gasto previsional.
Entre la posibilidad de que la nueva fórmula para las jubilaciones sea aprobada por el Congreso, la eliminación de la cuarta ronda del bono IFE (el de los $10.000 que llegó a alcanzar a 9 millones de personas) y de los créditos ATP para asistir a las empresas en el pago de salarios durante la pandemia-cuarentena, Guzmán va hilvanando el “sendero fiscal” —de reducción del déficit en cuatro años— que le permitirá avanzar en la negociación con el Fondo Monetario.
Un país que negocia con el FMI, que despeja de la posibilidad de default a sus bonos de corto plazo y que paga 15% anual en dólares, ¿tendría que aspirar a conseguir financiamiento en el mercado internacional?
Aspirar puede, pero los tenedores de fondos siguen desconfiando de la situación política, del manejo judicial de la vicepresidenta Cristina Kirchner, del avance del impuesto a los ricos y de la idea asentada de que al Gobierno no le interesa demasiado mejorar el clima de negocios para favorecer la inversión privada.
La falta de confianza llega a tal punto que el ministro Guzmán tuvo que salir, una vez más, a decir que no tienen pensado tocar ni los depósitos en dólares ni los encajes que los respaldan. Es un límite importante para un funcionario tener que decir que no tiene previsto quedarse con los ahorros de la gente.
Ahora bien: separando la paja del trigo, un ajuste avanza y podría cobrar vigor si se intentase aprovechar otra ronda de mejora de los precios internacionales de los granos en un mundo que sigue caracterizado por “tasas de interés cero”. Pero la política oficial puede cortar de cuajo cualquier brote verde que se presente.
LGP
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