La jueza Loretta Preska, que lleva el juicio del fondo Burford contra la Argentina por la expropiación de YPF, citó a la familia Eskenazi a aclarar su posición en ese litigio.
La magistrada accedió así a un pedido del equipo legal del Gobierno argentino. Los abogados que representan al Estado buscan demostrar que todas las partes sabían que un eventual terreno de disputas por YPF sería la justicia argentina.
El pleito, que puede costarle al país entre US$ 2.500 millones y US$ 14.000 millones, está originado en la expropiación de YPF de 2012. El Estado se quedó con el 51% de la compañía. Petersen (de la familia Eskenazi) era el segundo accionista más importante, después de la española Repsol. El fondo Burford compró los derechos para litigar de Petersen en la quiebra de esa firma, que se declaró en bancarrota en la justicia española.
La familia Eskenazi debe presentarse (a través de sus representantes legales) el 23 de diciembre. El juicio será a mediados de 2021. La presentación de los Eskenazi forma parte del “discovery”, un proceso de exhaustivo conocimiento de información sobre la causa. La jueza Preska debe tener para el 23 de diciembre a una idea sobre cómo será la respuesta legal de los Eskenazi. Hasta ahora, esa familia no se involucró oficialmente en la causa.
Burford lleva adelante dos juicios sobre la expropiación de YPF. El más numeroso es el que reclama resarcimientos que le hubieran correspondido al grupo Petersen. Burford siempre dijo que cobraría un 70% del resultante de ese juicio, pero no identificaba quién podía percibir el 30% restante, si salía un fallo contra el Estado argentino. La defensa argentina anterior (durante la administración de Mauricio Macri) deslizaba que Petersen (de la familia Eskenazi) iba a colectar ese dinero.
El Gobierno argentino pidió aclarar quién está detrás de ese 30% del juicio, que se le atribuye a Petersen y que ese grupo siempre negó. La jueza Preska hizo lugar al pedido argentino. Petersen (y Burford, el fondo que compró sus derechos para litigar) deben proveer toda la documentación relacionada con este reclamo.
Argentina e YPF argumentaron que Burford venía obstaculizando el proceso. La jueza obligó a ese fondo a “responder plenamente a las solicitudes de documentos y citaciones de los demandados”, dice una presentación legal argentina en el caso. Le pidieron a Preska que ciertas respuestas queden confidenciales, y por eso quedaron “tachados” en documentos de acceso público.
“Preska sigue fallando a favor de Argentina y de YPF. Hoy, temas administrativos pero muy importantes que obligan a Burford Capital a presentar información que antes ‘no accedían’ a ponerla a disposición”, tuiteó Sebastián Maril, de Research for Traders, y que conoce este caso como nadie.
El fondo Burford, que se negaba a nombrar a los Eskenazi, presentó documentación donde certifica que esa familia es dueña de Petersen, la sociedad sobre la que se compró la quiebra. Hasta ahora, se venía negando porque temía poner en riesgo “la seguridad y la libertad de esos individuos si tuvieran que litigar en la Argentina”.
El Gobierno quiere demostrar que el fondo Burford sabía que cualquier inconveniente relacionado con YPF se iba a saldar bajo la ley argentina, y con el estatuto de la compañía. La corte Sur de Nueva York está llevando el caso, negó los pedidos argentinos de mover la jurisdicción a Buenos Aires, pero podría aplicar la ley argentina si lo considera apropiado.
El argumento argentino es que Burford ya sabía -cuando compró la quiebra de Petersen- que un pleito debía dirimirse en la justicia argentina. O, en su defecto, en una corte estadounidense pero con legislación argentina.
Burford quiere usar la jurisdicción estadounidense para saldar este pleito, en base al prospecto de accionistas de YPF cuando comenzó a cotizar en la bolsa de Nueva York. Argentina e YPF claman que la jueza se guie por la ley argentina.
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